El segundo tribunal en materia penal del segundo circuito con sede en Toluca, estado de México, admitió como prueba superveniente, dentro del expediente judicial con el que buscan su libertad los generales Tomas Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, una resolución de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que los fiscales antidrogas autorizaron la devolución de las cuentas bancarias y los inmuebles asegurados al primero de ellos, bajo el argumento de que no se encontraron elementos probatorios para vincular esos bienes con actos de delincuencia organizada o lavado de dinero, revelaron fuentes judiciales.

De acuerdo con fuentes judiciales, en el transcurso de esta semana dicho tribunal federal resolverá el recurso de apelación contra el auto de formal prisión promovido por los abogados de Ángeles y Dawe.

A decir de fuentes judiciales consultadas, el magistrado del segundo tribunal tiene listo un proyecto de resolución en el que considera que no hay elementos de prueba suficientes para procesar a Ángeles y Dawe, por lo que estaría ordenando su inmediata libertad, pero este proyecto aún no ha sido firmado por el juzgador.

El 6 de agosto pasado, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Dawe González y del divisionario Ángeles Dauahare por presuntos vínculos con el narcotráfico y por supuestos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva; sin embargo, las acusaciones se basaron en las declaraciones de buena fe de dos testigos protegidos, las cuales no fueron corroboradas por la PGR.

En tanto, en vísperas de que el mencionado tribunal resuelva, otro, el primer unitario, concedió una suspensión provisional al general Dawe para que cese la incomunicación que sufre en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el estado de México.

La suspensión autoriza a su abogado defensor, Luis Fernando López Capella, a reunirse con su defendido, después de casi cuatro meses de que fue internado junto con los generales Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Además, Dawe podrá recibir en prisión a su esposa, familiares y/o amigos, a quienes también les ha sido negado el acceso.

Sobre la prueba superveniente aportada por el general divisionario, en noviembre pasado, en el último día del sexenio de Felipe Calderón, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) devolvió las cuentas bancarias y los inmuebles a Ángeles Dauahare, acusado de vínculos con los Beltrán Leyva.

La tarde del viernes 30 de noviembre, la Seido resolvió la medida precautoria impuesta desde junio pasado a sus dos cuentas financieras, una de Banorte y otra de Actinver, así como a dos casas en Cuernavaca, de las cuales el militar había dicho desde el principio del aseguramiento que eran ajenas a la investigación.

El argumento que utilizó la PGR para devolver los bienes propiedad del general Ángeles es ahora la piedra angular que se suma a las pruebas ofrecidas ante el tribunal unitario de Toluca en descargo de las imputaciones que enfrenta el militar.

Respecto de la suspensión concedida en vía de amparo al general Roberto Dawe, el tribunal estableció en su resolución, a la cual tuvo acceso La Jornada, que la protección provisional se mantendrá vigente en tanto se resuelve la suspensión definitiva solicitada.

De acuerdo con el expediente de la causa 258/2012, cuando la Unidad de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR fue cuestionada, en el recurso de amparo, sobre si investigó la veracidad e identidad de los testigos protegidos Jenifer y Mateo –quienes en diferentes declaraciones aseguraron que ambos generales del Ejército Mexicano tenían vínculos con los Beltrán Leyva con el fin de introducir cocaína a Estados Unidos–, la dependencia se limitó a responder que sus testimonios fueron de buena fe.

En su recurso en contra del auto de formal prisión, el militar alega que, de acuerdo con los recientes criterios aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de fuero de guerra, el general debe ser juzgado por el fuero castrense.

Sostiene el documento que al no haberse cometido delitos en contra de civiles –como determinó la SCJN–, los presuntos ilícitos cometidos por el general Dawe fueron en contra de la disciplina militar, ya que no se está en presencia de la vulneración de derechos humanos de civiles en lo particular.

Además, sostiene que la PGR no demostró la presunta vinculación del acusado con los Beltrán Leyva, además de que no se distinguen hechos concretos, como tampoco las acusaciones en contra del acusado y de los otros militares (Ángeles Dauahare, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Ricardo Escorcia Vargas e Iván Reyna Muñoz), quienes fueron procesados por los mismos delitos y con base en los testimonios de los mismos testigos protegidos.