La iniciativa del diputado priísta Francisco Arroyo Vieyra para cambiar el artículo primero de la Constitución anularía los alcances de la reforma de derechos humanos de junio de 2011, al poner siempre a la Carta Magna por encima de los convenios internacionales firmados por México, señaló el especialista en garantías básicas Karlos Castilla Juárez.

Luego de que hace unos días el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dio a conocer su propuesta en la Gaceta Parlamentaria, más de 200 académicos y organizaciones firmaron una carta en la que se advierte que los cambios a los primeros dos párrafos del artículo primero constitucional implicarían una regresión en materia de defensa de las garantías individuales.

Se acabaría con una de las partes centrales de la reforma de 2011, al nulificar el principio pro persona y el reconocimiento constitucional de los tratados internacionales como fuente directa de derechos humanos en México. Sería un muy mal mensaje para la situación y futuro de los derechos humanos, no sólo a escala nacional, sino también internacional, advirtió Castilla en entrevista con La Jornada.

El mencionado principio pro persona, explicó, es un criterio interpretativo que sirve para determinar cuál norma jurídica es la más adecuada en cierto caso, cuando hay dos aplicables. Con él, se obliga a elegir aquella que mejor proteja los derechos humanos o la que menos los restrinja, sin importar si forma parte de la Constitución, un tratado o una ley.