La Red Todos los Derechos para Todas y Todos advirtió que en días recientes la Casa del Migrante de Saltillo ha sufrido diversos actos intimidatorios, sin que las autoridades locales se preocupen por llevar a la práctica las medidas cautelares dictadas en abril de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de dicho albergue.

En un comunicado, la organización –que agrupa a más de 70 colectivos de todo el país– recordó que el 19 de diciembre de 2012 un grupo de sujetos no identificados rompió uno de los cristales del vehículo del sacerdote Pedro Pantoja, asesor general de la Casa del Migrante de Saltillo, para robar un maletín con información confidencial del trabajo que realiza esta organización.

Una semana más tarde, el 27 de diciembre, El Heraldo de Saltillo publicó una nota en la que acusa a los migrantes indocumentados y a quienes defienden sus derechos de ser los responsables de tener un albergue que se ha convertido en un cáncer para la capital de Coahuila, y exige su cierre.

Por último, el 30 de diciembre el padre Pantoja recibió una llamada telefónica –contestada por un colega– en la cual un hombre que se identificó como familiar de un migrante asesinado en Saltillo amenazó con atentar contra el personal del albergue.

El equipo de la Casa del Migrante afirmó tener comunicación cercana con los familiares del migrante para los trámites de repatriación del cuerpo, por lo que puso en duda que el responsable de la amenaza sea realmente un familiar del joven que perdió la vida.

Estos hechos no son aislados, destacó la organización, pues desde 2009 su personal ha sido objeto de robo con violencia, amenazas, intimidación y difamaciones en la prensa local.

Además, las patrullas encargadas de velar por la seguridad de las y los defensores de la casa han abandonado sus funciones por horas, dejando el lugar sin custodia en los día más vulnerables, como el 31 de diciembre y primero de enero de 2013.

Frente a dicho escenario, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por el albergue y sus colaboradores, cuya seguridad está en riesgo, por lo que llamó a las autoridades a brindar de manera urgente medidas de protección efectiva para los activistas y realizar una investigación exhaustiva sobre los robos y las amenazas en contra de la Casa del Migrante.