El flujo de refugiados en México continúa a la baja, lo mismo el número de extranjeros que solicitan esta protección que el nivel de autorizaciones emitidas por la Secretaría de Gobernación (SG).

Si bien en años recientes no se han presentado peticiones colectivas –como ocurrió, por ejemplo, con los guatemaltecos en los años 80– el nuevo marco legal en esta materia tampoco ha sido un incentivo para el aumento de solicitudes y avales para el refugio.

Cifras oficiales señalan que desde la entrada en vigor de la nueva normatividad (en enero de 2011), 358 extranjeros fueron reconocidos con esta condición; sin embargo, sólo uno de cada tres solicitantes obtienen este beneficio.

Según la Ley de Migración, su reglamento y lineamientos, el Estado mexicano puede reconocer a un refugiado y por lo tanto está obligado a proporcionarle sus derechos, con garantías y obligaciones.

El nuevo marco legal indica que ninguna persona perseguida en su lugar de origen podrá ser deportada y, en cambio, prevé múltiples alternativas en favor de la reunificación familiar y de la protección de grupos vulnerables. Estas reglas han merecido incluso el reconocimiento de organismos internacionales. Pese a ello, el número de solicitudes y autorizaciones aun es muy bajo.

En 2009, por ejemplo, solicitaron refugio 680 personas, de las cuales sólo 113 fueron admitidas con esta condición. En el último año de la administración de Felipe Calderón, 294 personas solicitaron refugio y fueron aceptadas 99, además de 24 a las que se les concedió protección complementaria.

En este último listado siguen a la cabeza las solicitudes de ciudadanos procedentes de Honduras (98 peticiones), seguidos por los de El Salvador (72), Colombia (23), Guatemala (22) y Cuba (15).

También hay peticiones de ciudadanos de países muy lejanos, como Sri Lanka y Nigeria (11); Afganistán (6), India (5), así como de otra decena de nacionalidades de América, Asia y África.

Como se mencionó, en 2012, la coordinación general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dependiente de la SG, recibió 294 solicitudes y, tras el análisis correspondiente, aceptó 99, entre estas 39 de ciudadanos de El Salvador, 23 de Honduras, 16 de Guatemala, cinco de la República Democrática del Congo, cuatro de Sri Lanka, tres de Cuba y dos de Colombia. Además, un ciudadano de los siguientes países: Congo, India, Nicaragua, Nigeria y Siria.

En la década pasada (2002-2012), la SG reporta 5 mil 547 solicitudes de refugio, de las que fueron reconocidas en esta condición mil 285 y a 50 se le dio la protección complementaria, situación relativa a una atención especial por diferentes motivos.

En estos años persiste la atención a centroamericanos y también a grupos cuyos países atravesaron por situaciones críticas, ya sea por desastres naturales, como en el caso de Haití, o de conflictos internos, como ocurrió con Colombia, Eritrea, Etiopía, India, Liberia, Myanmar, Nepal, Congo, Somalia, Irán e Irak, entre otros.

Sin embargo, como se indicó, a partir de la entrada en vigor de la ley, las solicitudes disminuyeron al pasar de 259 refugiados reconocidos en 2011 a 99 en 2012.

La agencia de la ONU para la atención de los refugiados indica que en el mundo hay poco más de 42 millones de personas en esta condición; en el caso de América, los países con el mayor número de protegidos por esta vía son Estados Unidos, con 264 mil, y Canadá, con 164 mil, según las cifras más recientes, con corte a 2011.

En un rango medio se ubican Ecuador, con 55 mil; y Costa Rica, con 12 mil 500; y más abajo Brasil, con 4 mil 400; Argentina, con 3 mil 300; Panamá con 2 mil 200, y México con mil 677 refugiados hasta ese momento.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó que en 2011 trabajó en más situaciones de conflicto armado que nunca en sus 60 años de historia. La mayoría de los refugiados bajo su mandato huyeron de conflictos y más de la mitad de ellos procedían de Afganistán, Irak y Somalia.

En el caso de México, la SG ha señalado que la mayoría de los solicitantes podrían ser clasificados como migrantes con motivaciones económicas, ya que la intención de muchos de ellos es llegar a Estados Unidos.

Gobernación tiene un comité de análisis de cada caso y su veredicto, según la nueva ley, puede ser apelado, aunque la principal problemática que ha referido esta dependencia es la falta de una estructura para garantizar los derechos de cada refugiado, en particular salud, educación y alimentación, al tiempo que muchos de los extranjeros en esta condición refieren discriminación, lo mismo por el color de su piel que por hablar un idioma distinto al español.