l 2 de diciembre los tres principales partidos políticos suscribieron el Pacto por México. Luego de un mes, cuando al parecer se han disipado las pugnas intrapartidarias que generó, conviene hacer, desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, una reflexión sobre sus alcances y limitaciones.

Para ello habrá que tener en cuenta al menos tres ángulos imprescindibles. El primero parte de asumir que en una sociedad democráticamente consolidada los pactos entre las fuerzas políticas no son algo extraordinario, sino más bien lo habitual. En ese sentido, la izquierda mexicana, que es en la que mayores pugnas se han suscitado, debe no sólo evitar verlos como algo de por sí negativo, sino prepararse para poder pactar exitosamente. Lo que desde luego implica el contar con sus bases.

En segundo lugar, lo dicho no significa que cualquier pacto sea por sí mismo benéfico para la sociedad. Hace unos cuantos meses, en Grecia, sus fuerzas políticas pactaron para imponerle a su pueblo medidas contrarias a la voluntad y al interés de las mayorías. Lo importante de un pacto no es entonces sólo el hecho del acuerdo, sino su contenido. No sólo sus enunciados, sino también sus instrumentos y acciones concretas.

Pero, además de la maduración política y de los contenidos de los pactos, el tercer asunto de importancia es quiénes pactan. Ahora bien, la tradición política nacional mantiene a las decisiones públicas como monopolio de los funcionarios y de los partidos políticos. Aspecto por cierto en el que estamos a la zaga de la mayoría de los países latinoamericanos. Con ello se ignora el derecho de la ciudadanía a la participación en los asuntos que le competen. Y la marginación de los ciudadanos y sus organizaciones de la vida pública no es sólo síntoma de antidemocracia. Propicia también la indiferencia sobre los asuntos públicos y el empobrecimiento y precarización de la vida política de una nación.

La historia reciente nos enseña en efecto que el reto para todo pacto entre partidos es cómo incorporar a la sociedad; cómo pasar de un pacto político a un pacto nacional, con el fin de lograr no sólo su aceptación pasiva, sino la generación de las conductas y de las acciones de toda la sociedad, capaces de conducir los pactos de la retórica a la realidad.

En México sabemos que se requiere modificar las tendencias al estancamiento económico, con sus secuelas de desempleo, empobrecimiento, migración, violencia y deterioro de la vida social. Se requiere entonces ampliar la democracia y el respeto irrestricto a todos los derechos de la persona. Esta modificación no puede realizarla por sí solo ningún partido. Por ello es necesario un pacto entre los más importantes, sí. Pero ni un acuerdo entre todas las fuerzas partidarias sería suficiente si no se toma en cuenta a la sociedad. De lo contrario el acuerdo tendría una efímera existencia que, en todo caso, serviría sólo para legitimar al gobierno en turno.

Si, como es deseable, en lo que se está pensando es en cambios de fondo, de alcances históricos, entonces la interrogante básica es, ¿cómo incorporar a la sociedad en un acuerdo nacional? Que la sociedad, a través de sus distintas expresiones organizadas, participe, no puede ser igual a una suerte de acarreo de firmas de adhesión al Pacto por México. Tiene que ser mediante un verdadero debate nacional. Lo que requiere la disposición de los actores políticos para abrir la agenda del pacto, y aceptar las alternativas que argumenten su validez.

En múltiples espacios organizados de la sociedad se han formulado propuestas razonadas y razonables, con conocimientos, experiencia y fuerza social. Proponer no puede ser tampoco monopolio de los partidos políticos. Si la intención es entonces alcanzar cambios de fondo, y la actitud es de apertura hacia las expresiones sociales, la ocasión no puede ser más propicia para darle cumplimiento al mandato constitucional de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, en consulta con la sociedad. Lamentable sería que se pretendiera sustituir la obligatoriedad de este plan con una estrategia de pactos entre partidos. Si éstos quieren ser institucionales, necesariamente tendrán que trascender sus acuerdos, y convertirlos en el programa oficial de gobierno, en diálogo con la sociedad.

Para trascender el pacto, convirtiéndolo en Programa Nacional de Desarrollo, no basta con hacer las acostumbradas consultas, en las que nadie sabe dónde son, a quiénes y por qué se les invita, qué es lo que dicen, y qué es lo que se hace con lo que dicen. Es absolutamente necesario construir nuevas formas de auténtico debate social. Los métodos existen. Las organizaciones civiles tienen amplia experiencia en promoverlos. No se trata de que las organizaciones de la ciudadanía tengan un lugar en el debate, sino de que la sociedad sea el lugar del diálogo.

Sería entonces la ocasión para fortalecer la democracia por medio de la creación de espacios institucionales de deliberación, como los que existen en varios países latinoamericanos. Se trata ni más ni menos del reto de hacer realidad la intervención ciudadana en la vida pública, que no se agota en la necesaria emisión del sufragio, a fin de poder avanzar en la cultura política del país, que es donde se tienen que dar los cambios para que sean de fondo. Las esperanzas y los temores de los avances o retrocesos de la intervención de la ciudadanía en la vida pública del país, para el avance de la cultura política en México, no se agotan en la relación con el Ejecutivo federal. Se extienden a los distintos poderes y niveles de gobierno. Por lo que a todos hay que exhortarlos a dar ese paso tan necesario. En los estados y en el Distrito Federal.