Buenos Aires, 30 de diciembre. A lo largo de 2012 se concretaron 24 juicios por delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983), con 134 condenados, la cifra más alta desde el inicio de los procesos de estos crímenes perpetrados durante el terrorismo de Estado.

El informe anual de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas en ese periodo destaca que el juzgamiento por esos delitos alcanzó su punto máximo de expansión, y de los 134 condenados, 111 no registraban condenas anteriores y hay en total mil 13 procesados. Esto eleva la cifra total de condenados a lo largo de estos últimos años a 378.

Nunca fue tan alto el número de condenados, juicios en curso o por realizarse y personas procesadas, señala el registro de la Unidad Fiscal que dirige el magistrado Jorge Auat.

En estos momentos se encuentran en marcha otros 13 juicios en todo el país, en los que se juzga a 332 imputados en casos donde hay más de mil 800 víctimas.

Otro dato importante es que desde el inicio de los juicios se registran 422 juzgados, lo cual demuestra los cambios producidos desde la primera etapa del proceso que se aceleró visiblemente después que fueran anuladas definitivamente las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2005.

Ahora hay una fuerte actividad en todo el país y la cifra de imputados que enfrentan procesos es diez veces superior a la de 2009. Además, en los actuales juicios hay una mayor cantidad de acusados”, como es el caso de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) que está en curso y tiene 68 acusados para 800 casos. También han sido muy importantes los juicios de Bahía Blanca, Mar del Plata, Salta y La Plata, provincia de Buenos Aires.

Hay un total de 813 detenidos, la mayoría de los cuales está en institutos carcelarios, otros en prisión domiciliaria por edad y muy escasos en dependencias de fuerzas de seguridad y en hospitales. No hay detenidos en dependencias a cargo de personal militar.

El fiscal Jorge Auat, una de las figuras más respetadas en el país, ha señalado como un obstáculo para agilizar los juicios, la falta de jueces suficientes en condiciones de llevar adelante los procesos. Se menciona como un gran avance el Protocolo de Actuación para Causas por Apriopiación de Niños elaborado por la Unidad este año y la creación de la Unidad Especializada, lo que será de gran ayuda para las Abuelas de Plaza de Mayo y familiares. Y también la resolución sobre los casos de violencia y abuso sexual ocurridos durante el terrorismo de Estado, que ahora se juzga como un delito de lesa humanidad imprescriptible.

Operativo Independencia

En tanto, el juez federal Daniel Bejas procesó en Tucumán, capital de la provincia del mismo nombre, a 17 militares y civiles acusados de graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante el Operativo Independencia –acción contrainsurgente aplicada contra una incipiente guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)– que tuvo a su frente a los generales Acdel Vilas y Domingo Antonio Bussi, ambos fallecidos.

Entre los procesados se encuentran el ex dictador Jorge Rafael Videla –con tres condenas a prisión perpetua–; Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las Islas Malvinas durante la ocupación militar del archipiélago en la guerra con Gran Bretaña en 1982, y el general Luciano Benjamín Menéndez, con varias condenas anteriores a cadena perpetua, entre otros.

El 5 de febrero de 1975 la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón –a quien no se procesó en este caso– firmó el decreto secreto que ordenó al ejército iniciar el Operativo Independencia en Tucumán para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Esto sería utilizado luego por los militares de la dictadura para señalar que habían recibido la orden de aniquilar a los subversivos.

Desde el 8 de febrero se impuso en Tucumán el estado de excepción (estado de sitio de hecho) “en el que se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías, en el marco de “un proceso que culminó con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976“, determina la sentencia del juez Bejas.

La fiscalía definió este operativo como una “intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, con el visto bueno del gobierno civil en la provincia de Tucumán“.

El entonces coronel Mario Menéndez “estuvo a cargo de la tristemente célebre Escuelita de Famaillá, el primer Centro Clandestino de detención en el país“. Hubo otros en ese período como El Ingenio La Fronterita, en los ex ingenios Santa Lucía y Lules, en Caspinchango y en Los Sosa. Miles fueron torturados y se registran numerosas desapariciones y masacres en todo el noroeste.