El último día del periodo ordinario de sesiones en el Senado, con prisa, el Partido Acción Nacional presentó una nueva iniciativa de ley de reproducción humana asistida, otra vez regida por criterios conservadores que otorgan al embrión calidad de persona. El proyecto plantea establecer una regulación estricta sobre procedimientos que clínica y científicamente se desarrollan con base en las condiciones físicas y de salud de cada pareja, y principalmente de las mujeres que se someten a las técnicas de fertilización in vitro.

Estos y otros señalamientos de especialistas y organizaciones civiles lograron detener sendas iniciativas que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado fueron presentadas también por el PAN en la pasada legislatura, las cuales tampoco tomaban en cuenta la opinión de los expertos ni los lineamientos internacionales en la materia; en cambio, pretendían imponer un ordenamiento que pasaba por encima de los derechos reproductivos de las personas.

El nuevo proyecto que presentó la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud, con el aval de 27 legisladores del PAN, tres del PRI, siete del PRD, una del Partido Verde, dos del Partido del Trabajo y de la senadora independiente Layda Sansores, contiene un capítulo sobre la protección del embrión; y plantea, entre otros, que únicamente se obtengan e implanten tres embriones dentro de las 72 horas posteriores a su producción.

Así, el documento elaborado aparentemente con prisa –por las deficiencias de redacción que presenta, hasta en párrafos completos en la exposición de motivos– omite que la fecundación de un óvulo por un espermatozoide en un laboratorio se logra después de un tratamiento de alto costo y molesto, con el cual se estimula la producción de óvulos.

El número de ovocitos que se obtendrán no se puede determinar de manera anticipada, como tampoco el número de embriones que serán viables para implantar en el útero de la mujer. De ahí la inconveniencia de limitar a tres la cantidad de óvulos a fecundar.

En cualquier caso, explicó Raymundo Canales –ginecólogo en el Instituto Nacional de Perinatología–, el avance científico ha permitido el desarrollo de tecnologías de crioconservación, y aunque existe ya el consenso entre los expertos de no mantener embriones congelados, también se acepta la posibilidad de tener un número limitado como reserva para las pacientes que fallan en un primer intento de reproducción asistida.

El experto recordó que aunque las técnicas han mejorado, las probabilidades de éxito aún son limitadas y no superan 30 por ciento por ocasión. Sin embargo, la iniciativa de la senadora Ortiz Domínguez prohíbe la criopreservación de embriones.

Aunque permite la conservación de células germinales (óvulos y espermatozoides contenidos en el semen) la limita a un periodo de 10 años y únicamente plantea reglas específicas para la conservación del semen; entre otras establece la diferencia entre usuario y donador.

En los casos de donación, dice el texto, el semen se podrá utilizar en procedimientos de fertilización asistida sin que exceda un máximo de tres nacidos vivos, y que si la mujer receptora del embrión no es cónyuge de quien aportó el semen deberá existir un consentimiento por escrito del varón.

Canales también comentó que el proyecto de los senadores ni siquiera menciona los resultados del Consenso Nacional Mexicano de Reproducción Asistida, con el cual médicos especialistas del sistema nacional de salud se propusieron unificar el criterio terapéutico y el servicio a las pacientes, así como establecer un antecedente para una Norma Oficial Mexicana y para apoyar el trabajo legislativo sobre el tema.