A pesar de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó discutir un punto de acuerdo –considerado de urgente y obvia resolución– para demandar que el Poder Ejecutivo derogue las modificaciones al Reglamento del Estado Mayor Presidencial (EMP) que Felipe Calderón realizó de último minuto con el fin de garantizarse un cuerpo de seguridad personal dentro y fuera del país, los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Berdeja (de Movimiento Ciudadano) volverán a inscribir el tema en la agenda del organismo legislativo.

El orden del día de la sesión del jueves pasado en la Comisión Permanente contemplaba discutir y someter a votación el exhorto al presidente Enrique Peña Nieto para que derogue el decreto firmado por Calderón, donde se reforma y adiciona el reglamento mencionado.

No obstante, la mesa directiva de la comisión determinó rechazar la propuesta, y Ricardo Mejía informó que su partido y su coordinador parlamentario reinscribirán el punto de acuerdo para la próximo sesión, a celebrarse en la primera semana de enero.

El pasado 30 de noviembre, Felipe Calderón emprendió una acción encaminada a garantizar su protección, facultando al general Roberto Miranda –nuevo jefe del EMP– a ordenar seguridad especial para los ex presidentes y sus familias, según el riesgo que cada caso represente.

El cambio introducido afectó el artículo 11 del reglamento, el cual señala que el jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá las siguientes atribuciones no delegables: actualizar, de acuerdo con los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y su familia, en cada caso particular.

Con tal medida, Calderón se blindó de posibles efectos de la guerra que emprendió contra el crimen organizado.

La argumentación de Monreal y Mejía Berdeja advierte que al ex presidente “poco le importa que fueron sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país; a él lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de las consecuencias que sus propios actos propiciaron.

Haciendo de la garantía de seguridad a los ex mandatarios y sus familias un derecho obligatorio, se exige que cada vez que Calderón llegue al país, el servicio de seguridad, también, esté en obligación de elaborar un plan para garantizar su estancia en calma. El pasado titular del Ejecutivo no es ninguna víctima, por lo que ante las enormes necesidades que tiene el país, recurrir a un gasto de esa naturaleza resulta indignante.

En la descripción oficial de la misión del EMP se señala que debe dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades del presidente, además de velar por su seguridad y la de su familia. En ningún momento se especifica que la misión de ese órgano militar sea proteger a los ex presidentes de los errores cometidos durante su respectiva administración, sostuvieron.

La exposición de motivos refiere que no resulta posible conceder más privilegios a los ex mandatarios ante los bajos salarios mínimos mensuales en México, donde, paradójicamente, existe una infraestructura destinada a los ex presidentes que supera a la estadunidense y la del Reino Unido.

Se destinan unos 5.8 millones de pesos mensuales a cada uno de los ex presidentes, lo que implica un costo aproximado para el erario de 280 millones de pesos al año (sin contar a Calderón).

En contraste, el salario mínimo promedio es de 60 pesos con 86 centavos diarios, por lo que el costo de los ex presidentes equivale a unos 4 millones 600 mil salarios mínimos.

¿Cómo nos podemos dar el lujo de otorgar esas pensiones cuando, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala que existen 52 millones de pobres? Esto representa más de 46 por ciento de la población, mientras que cinco ex presidentes viven como jeques con millones de pesos del pueblo.