Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandaron mayor sensibilidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la apremiaron a poner en marcha un mecanismo de renegociación de adeudos contraídos en el campo, ya que en los recientes 10 años esos débitos han crecido sin control, por lo cual ponen en riesgo la subsistencia de los productores agrícolas.

La situación es muy grave. Parece que los productores trabajan únicamente para pagarle a la CFE y tienen hipotecado su futuro, recalcó el senador Braulio Manuel Fernández Aguirre.

Agregó que las altas tarifas impuestas por esa comisión en el sexenio pasado por suministro de energía para pozos de riego, aunado a la crisis que se vive en el campo a causa de sequías y heladas, hizo que las deudas se volvieran impagables.

La falta de lluvias en 19 estados ocasionó pérdidas por arriba de 15 mil millones de pesos por los cultivos siniestrados. Eso, indudablemente, pega en la capacidad de pago de un productor agrícola, dijo.

Por ejemplo, en menos de una década el adeudo en la región lagunera de Coahuila y Durango creció en una cantidad cercana a 3 mil millones de pesos, mencionó. De 130 millones en 2003 pasó a 3 mil 116 millones en septiembre pasado, es decir, aumentó alrededor de 2 mil 400 por ciento.

Se estima que en la región hay unos 3 mil 360 consumidores de energía eléctrica para uso agrícola, de los cuales 2 mil 750 tienen adeudos. Esto significa que tres de cada cuatro usuarios le deben a la comisión.

Se trata de una deuda de más de un millón de pesos para cada uno, que se generó a lo largo de 10 años, y significa la hipoteca de sus cosechas futuras.

En la actualidad, por pagar a la CFE no pueden mantener su unidad de producción ni sostener a sus familias, añadió.

Fernández Aguirre detalló que los productores están catalogados como deudores de tarifa agrícola en diferentes modalidades.

La tarifa 9M, la de servicio para bombeo de agua para riego agrícola en media tensión, tiene un costo de 3.70 pesos por kilovatio, afirmó.

Se trata, explicó, de la tarifa más cara y la que acapara el mayor número de deudores en ambos estados. Representa más de 50 por ciento del monto total de los débitos de los productores agrícolas a la comisión.

Lo más preocupante es que es casi utópico acceder a un convenio con la CFE, toda vez que los campesinos necesitan desembolsar 10 por ciento del adeudo como anticipo para iniciar el trámite de regularización, que incluye pagos fijos mensuales durante cinco años.

Convenios de ese tipo semiesclavizan al productor agrícola, que la mayoría de veces no puede pagar la energía que consume y el cargo mensual, agregó el legislador.

Expresó que la CFE firmó recientemente convenios con los gobiernos de Chihuahua y Zacatecas para que los productores agrícolas con adeudos menores a un millón de pesos puedan beneficiarse del esfuerzo financiero que hacen la Federación y las entidades federativas para asumir parte del adeudo.

En el caso de Chihuahua, más de 11 mil productores agrícolas podrán liquidar 50 por ciento de su adeudo, y el monto restante lo pagarán la Federación (25 por ciento) y el gobierno estatal (el mismo porcentaje). Sin embargo, sólo 3 por ciento de los afectados se acogieron a ese convenio, ya que los demás deben más de un millón de pesos. En situación similar, dijo, están los productores de las demás entidades.

En un documento signado conjuntamente con los también senadores del PRI Gerardo Sánchez, Manuel Humberto Cota y Juana Leticia Herrera, se pide a la comisión ser más sensible, ya que en lugar de una renegociación ha optado por el viejo vicio de cortar el suministro de energía a los deudores y denunciar a quienes se oponen.

Tan sólo en la región lagunera hay 110 demandas penales por oposición al corte de energía, y por lo menos 130 casos de juicios mercantiles.

No se trata de que se cambie la tarifa o se borren de un plumazo los adeudos, sino que se generen esquemas acordes con la problemática para que los productores agrícolas puedan saldar sus deudas, apuntaron.