Aprobadas en la última reforma política concretada en 2011, las candidaturas independientes requieren necesariamente de modificaciones legales complementarias que las hagan viables en la práctica. De entrada hay dos ámbitos centrales para garantizar equidad: el esquema de financiamiento de las campañas de quienes aspiren a cargos de elección popular de forma independiente, y la regulación de la forma en que accederían a los tiempos del Estado en radio y televisión.

Todo el modelo electoral mexicano está basado en el sistema de partidos políticos; por ello es urgente que se legisle en torno a las candidaturas independientes, sostiene el consejero electoral Francisco Guerrero, quien enfatiza en que, de acuerdo con los cambios aprobados por el Congreso de la Unión, esta nueva forma de candidaturas entrará en vigor a partir de las elecciones federales de 2015.

De entrada, defiende su aprobación: las candidaturas independientes son una buena salida democrática ante la cerrazón que en muchos momentos han tenido los partidos pólíticos. Pueden ser muy positivas para que aquellos ciudadanos que genuinamente quieren participar en la política lo puedan hacer.

Sin embargo, desde el ámbito de la autoridad es necesario tener las herramientas necesarias para vigilar cómo se financiarán los aspirantes. En la actualidad, el grueso del financiamiento de las campañas políticas proviene de las prerrogativas que reciben los partidos a través del Instituto Federal Electoral (IFE), aunque pueden obtener también recursos privados, opción que según los informes de gastos partidistas ha resultado ser marginal, en relación con el dinero público.

Guerrero señala que estas reformas implicarían cambios en la forma en que se otorgarían las prerrogativas, de considerarse un financiamiento público, así como la creación de esquema de fiscalización en el IFE para dar seguimiento al gasto de los candidatos independientes.

El otro dilema se asocia al acceso a radio y televisión, toda vez que en la actualidad la distribución de tiempos del Estado es prerrogativa exclusiva de los partidos políticos. La legislación también proscribe la posibilidad de adquirir espacios en medios electrónicos de forma privada.

Si se va a buscar la equidad en las contiendas con la participación de las candidaturas independientes, el acceso a la propaganda mediática debe estar a debate, asegura el consejero electoral, quien recuerda que el acceso está regulado y distribuido en función del porcentaje de votación obtenido en la elección anterior (lo mismo que las prerrogativas, 30 por ciento de forma igualitaria y 70 por ciento a partir del porcentaje de votos).

Habrá que cuestionarse si el acceso será en las mismas condiciones que el de los partidos o cuál será el esquema.

Para el consejero hay otros dos temas en los cuales el Congreso debiera legislar ineludiblemente: la forma de instrumentación para aplicar la iniciativa popular, el referendo y todo lo relacionado con consultas populares, así como modificar el marco legal que rige el voto de los mexicanos en el extranjero.

Me llama la atención que en la definición de algunas reformas planteadas en el Pacto por México se excluye totalmente el voto de los mexicanos en el extranjero, que desde mi perspectiva es un tema que no se debe omitir.

Guerrero considera necesario cambiar sustancialmente el marco legal que ha demostrado su ineficacia, a efecto de que su próxima instrumentación –en 2018– favorezca una mayor participación a la que ahora permite las restricciones derivadas del voto postal como fórmula exclusiva de participación.