Cuernavaca, Mor., 16 de diciembre. El 16 de diciembre de 1988 el entonces dirigente estatal del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), José Ramón García Gómez, fue detenido, según testigos, por hombres uniformados que viajaban en una camioneta blanca con torreta.

Hoy, al cumplirse 24 años de su desaparición forzada, la Comisión Independiente de Derechos Humanos estatal exigió presentarlo con vida y castigo para los responsables materiales e intelectuales de este hecho.

No hay esclarecimiento total del caso, aun cuando están presos tres policías acusados de su desaparición forzada durante los gobiernos priístas de (el presidente) Carlos Salinas de Gortari y de (el gobernador) Antonio Rivapalacio (López), dijo José Martínez Cruz, vocero de esta organización no gubernamental.

La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 5/1991, que envió a Rivapalacio López, narra que según testigos presenciales, aquella tarde, José Ramón iba a la ciudad de Cuautla a una reunión del Frente Nacional para la Defensa del Voto (FNDV), organización civil en la que colaboraba.

Fue levantado, según testigos

Según los testimonios recabados por la CNDH, en la carretera que conduce a Agua Hedionda, una camioneta blanca con torreta le cerró el paso a su vehículo. Los uniformados lo bajaron y lo forzaron a subir a una camioneta, y el carro de José Ramón se lo llevó uno de sus captores.

Según la CNDH, García Gómez había ido ese 16 de diciembre de 1988 a Puebla a comprar artículos de limpieza, pues se dedicaba al comercio de éstos. Regresó alrededor de las 16 horas y media hora después se dirigió a la reunión del FNDV, encuentro que sería en la casa de Alberto Tapia en Cuautla, pero nunca llegó.

En su exhorto, la CNDH pide profundizar la investigación sobre la hipótesis de desaparición o ausencia de José Ramón, que se investigara a los jefes de la policía de la Procuraduría de Justicia del estado y a corporaciones municipales para dar con los responsables de esta desaparición.

Martínez Cruz recordó que el caso de José Ramón fue uno de tantos, además de 600 asesinatos contra activistas de partidos opositores al PRI que ocurrieron en el sexenio de Salinas de Gortari.

No puede haber justicia sin saber realmente qué ocurrió. José Ramón no era terrorista como lo presentaron los policías. No ha sido localizado, sus familiares emigraron o han muerto sin despejar una duda lacerante sobre su destino, aseguró Martínez.