Familiares de desaparecidos que se reunieron esta semana con los nuevos funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG), no encontraron en ellos diferencias sustanciales respecto a los antecesores provenientes del PAN. En ambos casos, advirtieron, no hay sensibilidad ni voluntad política para cambiar de raíz los problemas que mantienen al país hundido en la impunidad.

Al igual que en el sexenio anterior, en los primeros días de la administración de Enrique Peña Nieto, madres, padres, hermanos de desaparecidos debieron hacer largas antesalas para ser escuchados en la SG, aunque en esta ocasión advirtieron: No esperaremos seis años como con Calderón para hacer una huelga de hambre. Confiamos en obtener una respuesta antes de que concluya el año porque de lo contrario, a partir del mes siguiente, tomaremos medidas.

Frente a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, se encontraron igualmente con servidores públicos que no conocen los expedientes o que, directamente, los devolvieron al punto cero: Vayan con las procuradurías estatales porque sus casos son del fuero común, les dijeron.

Esa fue la experiencia contada por quienes se entrevistaron con la nueva subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Lía Limón, y con el titular de la Unidad de Gobierno de esta dependencia, David Garay Maldonado.

La petición fue hablar con el secretario de Gobernación, con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, pero sobre todo, con el presidente Peña Nieto, para exponer de nueva cuenta (antes lo hicieron con el entonces presidente Calderón), el horror que han vivido desde que perdieron contacto con sus seres queridos.

El licenciado Garay nos dijo que Gobernación no es gestora y que compete a los procuradores estatales resolver los casos. Nuestra petición es hablar de frente con la máxima autoridad (Peña Nieto), pero nos bajó hasta el Ministerio Público, camino que prácticamente todos los familiares de los desaparecidos ya han recorrido, dijo Malú García, defensora de derechos humanos y quien, a la vez, es familiar de personas afectadas por hechos vinculados a la delincuencia organizada.

Nos dijo que iba a revisar los casos, las fichas, e iba a ver en qué nos podía ayudar. Prácticamente nos dijo que nos equivocamos de ventanilla y que debíamos empezar por las procuradurías y los ministerios públicos, pero precisamente se le narraron los casos para explicarle que ya agotamos esas instancias y de ahí la necesidad de ver al presidente de la República, subrayó Malú.

En la banqueta de Gobernación, en la calle Abraham González, estaba Julia Alonso Carbajal, la madre de Julio Alberto José, un joven que desapareció en enero de 2008, hace ya casi cinco años, cuando se dirigía a una fiesta a Nuevo León. Ella comenta, al igual que sus compañeros, que darán el beneficio de la duda a esta administración, pero sólo en el mes de diciembre y que si en enero no tienen una respuesta concreta tomarán otro tipo de acciones.

Siento que a las autoridades no les importa nada de lo que está sucediendo; los familiares estamos muy desesperados, dispuestos a tomar medidas muy fuertes. Si nos paramos de la huelga de hambre (en noviembre pasado) fue por la promesa de que habría continuidad, pero venimos y nos encontramos con que nos vuelven a pedir la ficha de cada uno, señaló.