i bien el gobierno de la ciudad de México ostenta en varios reglones una política de avanzada, en materia laboral no puede presumir una distinción especial, pues ha relegado este tema, a pesar de la gran importancia que tiene para la suerte de millones de hombres y mujeres que en nuestra ciudad viven de su trabajo y cuya postración podría ser sensiblemente superada si hubiera voluntad política para hacerlo. Nos referimos a aquéllos que laboran en las ramas de industria y de servicios de competencia local, ahí donde se encuentra el mayor número de trabajadores en las condiciones más depauperadas: construcción, comercio, servicios, miles de pequeños y medianos centros de trabajo donde laboran obreros que son objeto cotidiano de violación de sus condiciones laborales y los grandes almacenes comerciales que abarcan actividades diversas.

Los gobiernos progresistas en el mundo suelen otorgar gran prioridad a la política laboral, precisamente porque el trabajo es el único medio con que cuenta la mayoría de la población para sobrevivir y por ello está protegido por un conjunto de normas cuya eficacia real depende, por un lado, de la vigilancia del Estado, y por el otro, de la capacidad organizativa de los propios trabajadores para hacer cumplir sus derechos y mejorarlos por la vía de la contratación colectiva. En nuestra ciudad, ambos elementos son prácticamente inexistentes; el gobierno no vigila, y prueba de ello es que el instrumento más importante para hacerlo, que es la inspección de trabajo, no existe, la negociación colectiva está atrapada en el esquema de los contratos colectivos de protección patronal, que abarcan más de 90 por ciento de los centros laborales.

El modelo laboral en el Distrito Federal sufre de vicios similares al resto del país, a pesar de haberse creado la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, ésta se encuentra desvinculada por lo que no atiende cuestiones esenciales, tales como: libertad sindical, contratación colectiva honesta, prevención de accidentes, promoción del diálogo social, justicia pronta y expedita, cumplimiento de las normas mínimas de trabajo y análisis y diagnóstico sobre los problemas laborales de la ciudad. Hasta ahora, la política laboral se ha caracterizado por nadar de muertito en un escenario de carencia de recursos y de capacidad de iniciativas. Prueba de ello es la desvinculación entre esta secretaría y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, organismos que deberían funcionar en torno a una misma estrategia.

La urgencia de una nueva política laboral local es aún mayor si consideramos que la reciente Ley Federal del Trabajo plantea retos y problemas crecientes; basta señalar cuatro: el incremento sensible de las sanciones a patrones por el incumplimiento de las normas del trabajo, las reglas en materia de subcontratación, el nuevo esquema de profesionalización y la necesidad de que los juicios individuales concluyan antes de un año para no afectar los salarios caídos del trabajador. Por lo que se refiere al primero, se requiere de una inspección de trabajo profesional y honesta que promueva la educación en el respeto a las normas y sancione las violaciones a las mismas. En relación con la subcontratación, la existencia de empresas de servicios que abarcan múltiples ramas de actividad, que operan bajo un esquema de simulación, son formalmente de competencia local, aun cuando en esencia, deberían ser de carácter federal; tal es el caso, entre otras, de bancos, aseguradoras y empresas financieras, los otros retos dependen en buena medida del presupuesto.

Es claro que la responsabilidad para contar con una política laboral como lo requiere nuestra comunidad, no depende tan sólo del gobierno central, pues en buena medida comparte su responsabilidad con la Asamblea Legislativa, ya que la solución de algunos de estos problemas depende de recursos que deben ser aprobados por ésta, y que hasta ahora han sido ubicados como de baja prioridad.

De las propuestas que se han sugerido para lograr un cambio de rumbo en esta materia se encuentran las siguientes: el fortalecimiento del área de inspección, tanto en número de inspectores como en relación a sus medios de trabajo y la evaluación de su desempeño –hoy existen tan solo dos docenas de inspectores, prácticamente sin recurso alguno–, incrementar el presupuesto para la secretaría del ramo y para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), siempre y cuando se sujeten a una rendición de cuentas periódica, con parámetros de cumplimiento. En tercer lugar, se plantea la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del trabajo en la ciudad, identificando sus carencias y posibilidades de mejora. En cuarto lugar, es importante destacar que el gobierno local como patrón sea congruente con el discurso que plantea para sus propios trabajadores; son comunes los abusos que se denuncian por la ilegal contratación por honorarios y otras modalidades de relaciones de trabajo precarias.

También se sugiere promover convenios de colaboración entre el gobierno de la ciudad y las instituciones educativas y de investigación, tanto a nivel nacional como del extranjero; en particular, es importante fortalecer la colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y las fundaciones especializadas en el ramo. Asimismo, deben identificarse los cambios derivados de la nueva ley laboral que plantean exigencias en distintos campos y explicitar los términos en que serán cumplidos, incluyendo el nuevo sistema de profesionalización en el tribunal laboral local.

Promover una política de rendición de cuentas es una demanda central en procesos clave como el respeto a los derechos colectivos, registro sindical y titularidad de contratos colectivos. Se propone lograr una mayor vinculación con la sociedad civil y con los factores de la producción, en especial con las organizaciones auténticas de trabajadores, provocando un diálogo hasta hoy lamentablemente inexistente. Finalmente, se sugiere la creación de un Instituto Local de Estudios del Trabajo y la promoción de un observatorio ciudadano.

Una política laboral progresista en nuestra ciudad, constituiría un acto de congruencia con los postulados del partido que gobierna y seguramente provocaría un efecto imitación en el resto del país.