La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer modificar el esquema de integración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), para que su presidente sea electo por los integrantes de la junta de gobierno y no designado por el titular del Ejecutivo.

La comisión concluyó ayer el proceso de dictamen de la iniciativa presidencial a los artículos 3 y 73 de la Constitución, para construir un nuevo esquema de evaluación magisterial, y durante el debate suprimió la propuesta para que el jefe del Ejecutivo decidiera sobre la conducción del instituto.

La iniciativa de Enrique Peña Nieto proponía al respecto: el Ejecutivo federal nombrará de entre los miembros de la junta de gobierno a su presidente, quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.

A propuesta del PRD, todos los grupos parlamentarios respaldaron la necesidad de reafirmar la autonomía del instituto. El panista Marcos Aguilar consideró que no se podía permitir la intervención de ningún otro poder que nos lleve a un escenario de perversión política y distorsión por intereses.

Al respecto, el vicecoordinador del PT, Ricardo Cantú, resaltó la contradicción que existía en la propuesta del Ejecutivo: el Presidente de la República, cuyo gobierno sería evaluado, designaría al presidente del órgano evaluador. Dejar tal cual la iniciativa sentaría un mal precedente.

Cantú retiró la reserva que su bancada había inscrito para el mismo punto, que tenía el argumento de que todo órgano autónomo debe elegir, de entre sus miembros, a quien llevará la conducción, o bien como ocurre con los integrantes y presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que son designados por la Cámara de Diputados.

Previamente, Marcos Aguilar presentó una propuesta para que la integración de la junta directiva se realizara por ternas enviadas por el Ejecutivo al Senado de la República.

Una vez aprobado el dictamen, la comisión lo turnó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que lo publicará este viernes en la Gaceta Parlamentaria. Con ello se cumplirá con el trámite de publicidad, por lo que el documento será discutido en la sesión ordinaria convocada para el martes.

Entre los cambios hechos a la iniciativa presidencial, se incluyó una adición a la fracción III, segundo párrafo, del artículo 3 constitucional, para que la obligatoriedad del esquema de evaluación magisterial, para ingreso y promoción de los profesores, inspectores y directores, no sea aplicable a las universidades e instituciones de educación superior autónomas.

También se admitió una modificación al párrafo tercero del inciso C del artículo 3, para reducir el alcance de la relección de los integrantes de la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

La iniciativa presidencial consideraba que sus integrantes desempeñarían el cargo por periodos de siete años en forma escalonada y podrían ser relectos por una sola ocasión. La Comisión de Puntos Constitucionales redujo a seis esos periodos, con la posibilidad de una sola relección.

Por otra parte, se desecharon las reservas que planteó Nueva Alianza, a través de Antonio González Roldán, quien propuso que la ratificación de los miembros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se realizara previa comparecencia ante el Senado.

Asimismo, la comisión ratificó el sentido de la reforma enviada por Peña Nieto, al considerar que el sistema educativo nacional debe permitir valorar los conocimientos y aptitudes del docente en activo o aspirante, y además establecer las promociones en el magisterio a partir del conocimiento, aptitudes y antigüedad que reconozcan la labor del encargado de la enseñanza.

En ese sentido, la comisión resaltó que con la autonomía constitucional del instituto se podrá consolidar la política del Estado y su rectoría en la educación.