Madrid, 13 de diciembre. Miles de personas se manifestaron hoy en 30 ciudades de España para exigir la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, impulsor de un anteproyecto de reforma educativa que pretende, entre otras cosas, transformar la educación pública y marginar las lenguas de otros regiones del país, como el catalán y el euskera.

Las marchas más numerosas se llevaron a cabo en Madrid y en Barcelona, en contra de otro de los objetivos del proyecto del gobierno conservador de Mariano Rajoy: la educación segregada por sexos y, a la larga, la transformación de la educación pública universal en un derecho accesible sólo para los que más tienen.

Estudiantes, padres de familia, profesores y ciudadanos en general expresaron en las calles su malestar con uno de los proyectos más polémicos del actual gobierno español.

A un año de llegar al poder, Rajoy ha logrado movilizar en su contra a prácticamente todos los sectores del país: profesores, estudiantes, abogados, jueces, fiscales, médicos, enfermeras, jubilados, discapacitados, empleados públicos, mineros, entre muchos más. Todos protestan por el desmantelamiento del estado del bienestar español, construido durante 30 años tras la reinstauración de la democracia.

Wert y el gobierno del derechista Partido Popular (PP) presentaron un anteproyecto de ley que fulmina uno de los grandes y más frágiles consensos surgidos de la transición: el que se refiere al uso de las lenguas históricas, como el catalán y el euskera, que durante el franquismo estuvieron prohibidas.

El plan del gobierno español es marginar la enseñanza en catalán a favor del castellano. Esta propuesta ha creado un frente común que no se había visto desde la reinstauración de la democracia, formado por partidos políticos, sindicatos, estudiantes, profesores y rectores.

En Cataluña la indignación ante la marginación del catalán se sumó al aumento de las tasas en colegiaturas universitarias, la segregación por sexo y el apoyo subrepticio a la escuela privada concertada, la mayoría vinculada a grupos religiosos católicos. De hecho, otra de las grandes polémicas del anteproyecto es convertir la asignatura de religión en evaluable, cuando hasta ahora era una clase opcional.

En Madrid se concentraron miles de personas en las inmediaciones del ministerio de Educación, convocados por la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, que advirtieron que la propuesta del gobierno es inadmisible al estar totalmente descontextualizada y no resolver ninguno de los problemas de la educación pública.

Al igual que en Madrid, en Barcelona la manifestación transcurrió con el lema: La educación no es gasto, es inversión. Se desplegaron numerosas pancartas en defensa del catalán en las que se recordaba que los objetivos del actual gobierno sólo se pueden comparar con la mentalidad que llevó al régimen franquista a prohibir el uso de la lengua.

En las 30 manifestaciones que se llevaron a cabo también se exigió la dimisión de Wert, uno de los ministros peor evaluados y que ha provocado el malestar de la mayoría de la comunidad educativa, con excepción de los colegios religiosos, que están entre los grandes beneficiarios de su proyecto.