or lo que se puede ver hasta ahora, en el ámbito de la alta burocracia se siguen preguntando quién fue el culpable de los hechos del primero del diciembre, y parece que todos se hacen chiquitos cuando se trata de responder.

Negar que las heridas perennes que impusieron las fuerzas policiacas federales a cuando menos un par de civiles, o que la policía del Distrito Federal cumplió con la orden encapsulen y arrasen, sería tanto como negar una historia que salta en videograbaciones, en testimonios de aquí y allá, además de fotografías que no dejan lugar a dudas. Pero olvidar la causa real, el sustento de la violencia, es pervertir la historia.

Antes de comenzar las investigaciones, que funcionario tras funcionario promete para esclarecer los hechos, tendría que reconocerse, sin temor a equivocaciones, que fue una elección burlada o cuando menos muy cuestionada. Además de una forma de gobierno –la de Felipe Calderón– que acumuló frustraciones y resentimientos, la misma que estalló con fuerza frente a un aparato, que al igual que el que impidió que su voluntad se cumpliera en las elecciones, aquella vez, ese primero de diciembre no les dejó hacer llegar hasta los oídos de la clase política la protesta por lo que ellos suponen, o están seguros, fue fraude electoral.

Si las autoridades de todas partes no tienen en cuenta el fondo del problema, será dentro de seis años, o de tres, cuando una vez más el problema estalle con igual, mayor o menor violencia, y la injusticia vuelva a escribir en la vida de los ciudadanos un episodio de crueldad que siga acumulando rencores. ¡Alguien tiene que reconocer, desde las esferas del gobierno, que esa violencia tiene sus raíces en una elección en donde se hizo uso de la fuerza económica para desviar, para comprar la voluntad del sufragante.

Y ya basta de andar buscando culpables. Si eso que se vivió el primero de diciembre fuera una acción concertada por alguien, o por algunos que buscan dañar al país, entonces, ¡cuidado!, porque esa violencia la tendríamos cotidianamente en las calles de la ciudad, y eso, por fortuna, no sucede.

Resulta imposible pedir al poder que reconozca sus faltas, pero ahora, cuando menos, tendríamos que señalar que más allá de todas las investigaciones, más allá de todos los encarcelados, hay un hecho injusto que marca la violencia, y eso es el hartazgo a que se ha sometido a la población desde un sistema electoral que permite la impunidad y crea, como dijimos, los rencores que incendian las calles.

Alguien dentro del gobierno debe asegurar que los próximos comicios se realicen con la limpieza que requiere un país, que para recuperar su propia credibilidad tendrá que cerrar todas las posibilidades del fraude y crear, desde allí, el respeto por el gobernante y la paz social necesaria para impulsar el desarrollo de esa sociedad que no busca culpables, sino crear sustentos para ser mejor.

Que valga, entonces, la experiencia, porque si algo no se arregla para la próxima competencia electoral, si los mismos vicios pretenden imponer a quien gobierne, entonces, después de las llamas habrá quien quiera investigar para hallar vándalos, y otra vez tendremos que preguntarnos ¿quién es el culpable?, ¿el cerillo o la gasolina?

De pasadita

Por otra parte, ahora resulta que en eso de hallar impunidades, hay quien dice que en el conflicto de la UACM hay otros nombres con apellidos que son parte del mismo, y otra vez se trata de minimizar, de esconder, el fondo del problema que no tiene otro nombre que el de Esther Orozco. ¿O qué?, ¿ahora resulta que hay otros? Está bien que se diga cada nombre y cada apellido, de otra manera no son más que actos que buscan impunidad, desde la cobardía.

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