a liberación por falta de pruebas de 56 de los 70 ciudadanos que aún permanecían encarcelados desde el 1º de diciembre, dictada ayer por la jueza Patricia Mora Brito, constituye un rotundo desmentido a las versiones oficiales –del gobierno federal y de la autoridad capitalina– sobre lo ocurrido ese día, en el contexto de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente, que obliga a cuestionar el fundamento legal de los procesos iniciados contra los 14 presos restantes y deja en entredicho el accionar de las fuerzas del orden.
En efecto: podría entenderse que, durante la confusión marcada por el vandalismo y ataques contra las corporaciones policiales, éstas hubiesen incurrido en error en unas cuantas de las decenas de detenciones realizadas; pero si el 80 por ciento de los arrestados y encarcelados son inocentes –como lo señala el fallo judicial y como consta en numerosas pruebas videográficas–, el dato sólo puede ser interpretado como expresión de una asombrosa ineptitud, en el mejor de los casos o, en el peor, como el cumplimiento de órdenes que exigían capturar a personas no involucradas en los delitos cometidos ese día. Significativamente, muchos fueron encarcelados, vejados y golpeados por el simple hecho de ejercer su libertad de expresión y manifestación, como lo indican los documentos recabados y ampliamente difundidos en las redes sociales y por algunos medios impresos y electrónicos.
En lo inmediato, es necesario que las autoridades ofrezcan una disculpa a sus víctimas por las arbitrariedades y los agravios que sufrieron, entre ellos la semana que pasaron en la cárcel sin haber cometido delito alguno.
Por otra parte, diversas grabaciones de video indican que los verdaderos violentos fueron tolerados por los propios cuerpos policiales y cabe preguntarse, por ello, si algunos de los responsables materiales de los destrozos llegó a ser detenido y si hay algún culpable real entre los 14 que ayer recibieron auto de formal prisión. Varios de estos últimos, en todo caso, han exhibido constancias de comportamiento cívico y pacífico.
Pero aun en el caso de que la parte acusadora llegar a probar la culpabilidad de los imputados, resultaría inverosímil que sólo 14 personas hubiesen protagonizado la enorme violencia vandálica que se abatió el 1º de diciembre en el primer cuadro de la ciudad capital. De modo que, a ocho días de ocurridos los hechos, sigue sin saberse quiénes agredieron a las fuerzas del orden y causaron los destrozos. Semejante incertidumbre es un mal comienzo para las administraciones de Peña Nieto y de Miguel Ángel Mancera y devuelve, obligadamente, a la disyuntiva ya mencionada: ineptitud extrema de cuerpos policiales, procuradurías y ministerios públicos o designios de encubrimiento, provocación y represión, surgidos desde algunas oficinas públicas.
Es injustificable que las autoridades federales y locales sigan remisas, hasta el momento, a investigar y sancionar los excesos policiales que dejaron, en las inmediaciones de San Lázaro, dos heridos graves, y que en el centro de la ciudad, se tradujeron en detenciones arbitrarias, golpizas, agresiones sexuales y tortura, como lo ha documentado la comisión capitalina de derechos humanos. Resulta procedente y necesario, pues, que las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal llamen a declarar a quienes ese día fungían como mandos de las fuerzas federales y de las capitalinas. De no proceder al esclarecimiento de tales atropellos y al castigo de sus responsables materiales, intelectuales y políticos, el Estado estará enviando un mensaje inaceptable de impunidad y de ruptura del estado de derecho.
