El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, hizo un llamado para que la reforma al sistema de justicia penal no quede anclada en las buenas intenciones, ya que sin la consolidación de las reformas penal y de amparo, la protección a los derechos humanos estará incompleta.

Durante un acto realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en el cual el presidente del máximo tribunal del país fue investido con un doctorado honoris causa, el procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dijo que en la actualidad hablar de servicio a la comunidad es una tarea difícil; los efectos en la credibilidad, ya no sólo en los funcionarios, sino en el Estado, se encuentran en una situación que podría ser crítica, por lo que es necesario que los ciudadanos puedan captar y entender que el derecho no es una forma represiva del Estado.

En su discurso, Silva Meza apuntó que es preocupante que después de cuatro años de que se aprobó la creación de un nuevo sistema de justicia penal, aún no existe seguridad de que el avance en su instauración sea proporcional con el tiempo transcurrido, y aún más, todavía hay quienes dudan, con serios argumentos, de sus bondades”.

Apuntó que en la actualidad se puede advertir que son muy pocas las entidades federativas (Chihuahua, México y Morelos) que han logrado la operación total de la reforma.

Consideró que la información resulta inquietante y preocupa que a escala federal haya una agenda legislativa de trascendental importancia para la reforma penal, la cual aún no ha sido desahogada.

Dijo que con los cambios en materia de amparo y derechos humanos, la reforma penal está en marcha. Sin embargo –señaló–, es quizás la que más representa, a los ojos sensibles de la sociedad, el funcionamiento del sistema de justicia. No es casual que, incluso profesionales del derecho, suelen considerar que el universo de las garantías fundamentales se contiene y agota en el derecho penal”.

Luego de hacer un reconocimiento al presidente de la SCJN, Murillo Karam sostuvo que el estado de derecho no es como por desgracia parece ser: la simple fuerza del derecho imponiendo una situación; por el contrario, debe ser la fuerza de la sociedad, que ha creado una serie de instituciones que se encargan de vigilar que las conductas que consideró no se ajustaban a una vida común deben ser, primero, prevenidas; segundo, anunciadas; tercero, en el caso de la falta, primero juzgadas y luego, si hay necesidad, y en mi personal concepto, sólo si hay necesidad, deben ser sancionadas.