Las detenciones arbitrarias de jóvenes durante las manifestaciones del pasado primero de diciembre en nada resarcen los daños a comercios y vía pública, de allí que es necesario evitar que se pretenda convertir al sistema de justicia en un instrumento de escarmiento o de venganza, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

Al continuar la investigación en torno a la actuación de la policía capitalina, el organismo documentó 10 casos más de aprehensiones irregulares, en los que las víctimas fueron estudiantes, maestros normalistas, un repartidor de comida y hasta una persona en situación de calle, detenidos en las inmediaciones de los monumentos a la Revolución, a la Madre y el Metro Hidalgo, pero que se les relaciona con los disturbios en avenida Juárez. Con estos suman 32 casos de detenciones arbitrarias y cuatro de tortura sobre los cuales se continúa investigando.

En entrevista con La Jornada, el ombudsman capitalino consideró desproporcionada, la acusación del Consejo Económico Social presidido por Juan de Dios Barba Nava, en el sentido de que el organismo defensor de los derechos humanos pareciera cómplice de los daños provocados a distintos inmuebles en la avenida Juárez al no condenar dichas acciones en el informe en el que documentó los abusos policiacos en agravio de personas que se manifestaban pacíficamente o que no participaron en las protestas.

Condenar algún evento es una valoración y nosotros no estamos para hacer valoraciones, aseveró González Placencia, quien agregó que la investigación de la CDHDF está fundamentada en todo un proceso técnico y profesional, no porque sea “una ocurrencia mía o porque les vi moretones…” a los afectados.

Señaló que este tipo de reacciones en mucha gente son normales, por lo que no me preocupan y no me sorprenden, son muestra de que no se tiene mucha claridad sobre lo que la comisión está haciendo, pues si bien, añadió, no se pueden tolerar actos que son delitos, tampoco se debe confundir con lo que a la postre resulta en casos de abuso policial, pues la detenciones se hicieron sin que existiera una orden judicial o flagrancia, como estipula la ley e incluso lejos de donde se registraron los destrozos a inmuebles y vía pública.

En ese sentido, subrayó que se reuniría con los empresarios, para explicarles que la CDHDF no pretende que queden impunes los delitos, por el contrario el Ministerio Público debe explicar quiénes son las personas que rompieron cristales y dañaron propiedad privada, “pero la respuesta no puede ser, ‘son estos y ya’, tiene que haber pruebas que vinculen a esas personas como responsables de esos daños.

Mala actuación de la SSP

El propósito, manifestó, es que el sistema de justicia penal mejore, pues un fundamento básico de cualquier sociedad de mercado es que haya tribunales eficientes. Hay que pasar de la sed de venganza a los caminos que permitan un uso eficiente del sistema de justicia.

Agregó que en lugar de enderezar sus baterías contra la comisión, los empresarios deben entender que la responsable de que nosotros estemos abogando por estos jóvenes y de la incertidumbre que tienen por los daños materiales sufridos es la Secretaría de Seguridad Pública del DF “con su mala actuación.

Yo creo que juntos podemos reclamar a la SSP acciones más eficientes, protocolos más precisos, y una exigencia muy enérgica de que de verdad no recurra a este tipo de acciones, porque cada vez hay más evidencia de que las personas son torturadas y lastimadas y mientras eso continúe la comisión va a estar allí.