Alrededor de 150 organizaciones no gubernamentales pidieron a los países que participan en la cumbre de cambio climático en Doha, Qatar, que eleven en forma significativa sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cierren los vacíos legales, ya que de no ser así no quedarán opciones reales para evitar los efectos catastróficos del cambio climático.

En un documento dirigido a los negociadores, indicaron que la experiencia con los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto ha demostrado que el uso de bonos de compensación no adicionales para el cumplimiento de objetivos, que de por sí son débiles, socava seriamente los esfuerzos de protección climática. Dada la urgencia de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero, el futuro de los mecanismos del mercado debe ir más allá de la simple compensación y debe llevar a reducciones netas de emisiones.

Consideraron que el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), establecido en el Protocolo de Kyoto, ha fallado en cumplir con los objetivos de reducir emisiones y en contribuir al desarrollo sostenible en países que están fuera del Anexo 1, es decir, los menos desarrollados.

Actualmente, el MDL carece de una norma internacional de supervisión (monitoreo o cumplimiento) para asegurar que ningún daño se produce cuando se ejecutan los proyectos incluidos en este mecanismo, como es la captura de gas metano.

Las organizaciones, entre las que están la WWF internacional, Indigenous Enviromental Network y Greenpeace Internacional, llamaron a las partes a establecer un proceso de reclamaciones para que los interesados puedan plantear sus problemas cuando se produzcan impactos negativos durante la ejecución de un proyecto MDL.

Esto proporcionaría un medio eficaz para abordar impactos sociales y ambientales antes que escalen a conflictos, señalaron.

Agregaron que según lo dispuesto por el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, los instrumentos para los derechos humanos son relevantes en el contexto de los mercados de carbono, y por tanto se deben imponer a los inversionistas obligaciones y normas de derechos humanos, de tal manera que aquellos proyectos que violen o amenacen violar derechos humanos pasen a ser inelegibles.