Los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox construyeron una alta burocracia panista que se basó no sólo en el aumento de plazas de directores de área, directores adjuntos y directores generales, subsecretarios y delegados, sino en la creación de plazas homólogas, lo que duplicó el número y costo de funcionarios panistas de alto nivel.

En 2005, un análisis del PRD indicó que al principio del sexenio foxista se tenían registradas 24 mil 710 plazas de mandos medios y superiores, con un costo que pasó de 77 mil millones de pesos a 113 mil millones.

Debido a ese repunte, la Cámara de Diputados fijó una meta de reducción de altos mandos en 25 por ciento, entre 2008 y 2012, lo que no ocurrió.

Desde 2003, con el constante aumento de funcionarios, diputados de PRI y PRD alertaron sobre los excesos en el pago de salarios y prestaciones a la clase política panista, y después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que los funcionarios no cumplían el perfil para el que eran designados, o bien se otorgaban complementos salariales sin sustento

Entre algunos de los casos mencionados por la ASF resaltaban puestos de dirección en el Banco de México, en el Banco Nacional de Obras y Servicios y en la dirección de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como sobresueldos en Oportunidades, Seguro Popular y los maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Así, en ese año los legisladores aprobaron la Ley del Servicio Profesional de Carrera de 2003, que tenía como finalidad que el presidente de la República sólo pudiera hacer 179 nombramientos de altos funcionarios, de tal forma que la nueva administración pública no incurriera en casos de compadrazgo o amiguismo.

No obstante, las disposiciones de la ley no fueron asumidas en la administración de Fox y, sobre todo, en la de Calderón. Ello obligó a la Cámara de Diputados a incluir en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria límites a nuevos nombramientos, a los salarios del Presidente y los secretarios del gabinete, así como a los titulares de las entidades autónomas.

Sin embargo, tampoco esas disposiciones se cumplieron, y aun cuando la ASF explicó, en el informe de la Cuenta Pública 2010, que el gobierno federal había ahorrado 43 mil millones de pesos en sueldos y prestaciones de la alta burocracia, la Cámara de Diputados resaltó en marzo, al reprobar la cuenta pública 2009, que la Secretaría de la Función Pública no recibió de las otras dependencias la relación de sus nóminas.

Debido a ello, señala el dictamen votado el 18 de marzo por el pleno, no fue posible corroborar el cumplimiento de la reducción de la alta burocracia calderonista.

Además, y pese a la prohibición en la Ley de Presupuesto, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Federal Electoral ganan más que el Ejecutivo federal.

El 4 de septiembre pasado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para expedir la ley de austeridad republicana, que busca disminuir a la mitad las remuneraciones de los servidores públicos de mandos medios y superiores, eliminar bonos y percepciones extraordinarias, de servicios médicos privados, seguros de separación individualizado y cajas de ahorro especial.

También propone que sea la ASF la que elabore y presente a la Cámara de Diputados un proyecto de tabulador único de percepciones y uno de manual único de prestaciones.

Para el presupuesto 2012, los diputados definieron que el gobierno federal debía reducir al menos 1.5 por ciento su inventario y plantilla de plazas de estructura de mando, pero la Cámara de Diputados concluyó que si bien bajó el costo del personal, esto se debió a que el recorte se hizo en puestos en rubros prioritarios: salud, educación y comunicaciones y transportes.

En la cuenta pública 2009, por ejemplo, se refirió que en dos años sólo se aprobaron 5 mil 515 plazas de nuevos médicos y 7 mil 177 de enfermeras.

En 2010, ante el incremento de nombramientos, el entonces senador Ricardo Monreal presentó un punto de acuerdo para que los diputados no avalaran la petición de Calderón para nombrar 68 nuevos subsecretarios, que se sumarían a las 353 plazas homólogas a esos cargos, y mil 381 nuevas de directores generales, cuando ya había ya 28 mil.

Monreal refirió que en 10 años de gobiernos panistas se obtuvo un billón 281 mil 902 millones de pesos por excedentes petroleros, de los cuales 71.8 por ciento “se derrocharon en engordar una ineficiente burocracia blanquiazul”.