Los trabajadores de confianza de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Procuraduría General de la República (PGR) pueden ser despedidos en cualquier momento, afirma la dependencia en los comunicados en que notificó a los empleados sus ceses, sin importar la antigüedad en sus cargos.

En los documentos, a los que La Jornada tuvo acceso, se da a conocer la modificación de los horarios laborales en las unidades aéreas de la dependencia a escala nacional y se recuerda a los funcionarios cesados que tenían cargos de confianza que sólo tienen derecho a sueldo y prestaciones sociales mientras dura su empleo.

Trascendió que los pilotos adscritos a la DGSA presentaron demandas de amparo contra su despido, por considerar que la rescisión es injustificada.

En los textos enviados al personal de la DGSA que ha sido dado de baja en días recientes (más de 200, de los cuales 120 son pilotos) se señala que a partir de hoy lunes el horario de trabajo en las direcciones de Mantenimiento Mayor y Mantenimiento de Aeronaves en Campaña en Guadalajara, Jalisco; Cuernavaca, Morelos, y ciudad de México será de nueve de la mañana a seis de la tarde, con horario de comida de 14 a 15 horas, de lunes a viernes.

El escrito añade que el personal que trabaja 15 x 15 (días de trabajo por días de descanso en las subdirecciones regionales) tendrá nuevo horario: de lunes a viernes de nueve de la mañana a 18 horas.

En el caso de las bases ubicadas en Hermosillo y Chihuahua, los horarios locales deberán ajustarse con el del centro del país para que operen de la misma manera.

Este cambio obedece a la intención de unificar un horario en la PGR.

En cuanto a los amparos interpuestos presuntamente por los pilotos contra su despido, argumentan que la acción de la PGR fue ilegal, porque pretexta que no hay aeronaves para que trabajen, pero en realidad hay más de 70 helicópteros y aviones en tierra, a pesar de que se encuentran en buenas condiciones técnicas y con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil para operar.

Arguyen que hubo irregularidades en la forma en que fueron notificados sobre su despido. Además, dicen que fueron obligados a firmar la constancia de su cese, la cual es el mismo machote para todos los casos, es decir, la rescisión no fue de manera individual, como estipula la ley.

Sostienen que la PGR utiliza los servicios de una arrendadora de aeronaves para transportar a sus funcionarios. Paga miles de dólares en alquiler, en lugar de invertir en la mejora de su flota. Ello sin contar que desde hace tres meses las labores que realizaban los pilotos de la procuraduría para interceptar aviones que ingresan de manera ilícita con estupefacientes a territorio nacional y la fumigación de plantíos de droga están detenidas. Los únicos beneficiarios de esa situación, apuntan, son los integrantes del crimen organizado.

Por otra parte, en los comunicados entregados a los trabajadores despedidos, firmados por el director general de recursos humanos y organización de la PGR, Rodolfo de la O Hernández, se subraya que, debido a que el número de aeronaves de la institución ha disminuido sensiblemente, no se justifica el excedente de personal.

Los documentos advierten que los empleados de confianza no tienen estabilidad laboral y se deja abierta la puerta para que los afectados no sean indemnizados conforme a la ley.

Señalan que la autoridad ya perdió la confianza en ellos y por eso los cesa, lo cual deja abierta la posibilidad de que la PGR alegue que, como no pasaron los exámenes de confianza, ellos son los responsables de la rescisión. De ese modo la dependencia no es responsable de pagarles ninguna indemnización.