n las elecciones realizadas ayer en Cataluña la coalición gobernante, Convergència i Unió (CiU), perdió 12 de los 62 escaños que ocupaba en el parlamento autonómico; el Partido Socialista Catalán (PSC, filial local del Socialista Obrero Español, PSOE) se quedó sin un tercio de sus legisladores, al pasar de 28 a 20; el Partido Popular (PP), gobernante en España, ganó uno (tendrá 19), y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que representa al nacionalismo catalán de izquierda, experimentó un importante avance, al pasar de 10 a 21 diputados. Avanzó también la formación de izquierda ecologista Iniciativa per Catalunya Verds (CV), que logró tres asientos más de los que tenía en el órgano legislativo, para totalizar 13.
Los comicios han representado, en primer término, una derrota inequívoca para el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien se empeñó en convertirlos en una suerte de referendo sobre su proyecto soberanista y pidió al electorado catalán que le otorgara la mayoría absoluta. Por el contrario, la ciudadanía redujo severamente el respaldo a CIU y la forzó a buscar nuevos aliados para mantenerse en el gobierno regional, como reconoció el propio Mas al término de la jornada. De esta manera, la principal fuerza política catalana, si bien se mantiene con holgura como primera minoría, ve amenazada su condición de partido principal en esa región de España.
La paradoja de estos resultados es que si bien los catalanes dieron un varapalo a Mas y a su proyecto secesionista, el sector nacionalista salió, en su conjunto, fortalecido frente a los partidos españolistas
(el PSC y el PP), los cuales, también en conjunto, experimentan un retroceso respecto de las elecciones del año antepasado. Sin embargo, tal fenómeno no necesariamente se expresará a corto plazo en un nuevo plan soberanista como el que Mas había propuesto al electorado.
Es significativo, por otro lado, que las formaciones más favorecidas por los resultados de la selecciones catalanas de ayer hayan sido las que de manera más clara propugnan un viraje en las políticas económicas devastadoras impuestas a España en general por la troika compuesta por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Se trata, acaso, de la expresión en las urnas de la indignación social que recorre al país ibérico en todas sus regiones.