Ante la impunidad con que han actuado los desarrolladores inmobiliarios, vecinos de varias colonias de la delegación Benito Juárez anunciaron que formarán un frente común para hacer efectivo el resarcimiento de daños por los empresarios de ese sector, y frenar el crecimiento caótico de unidades residenciales.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron acompañados por Dinorah Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), los afectados manifestaron que son muchos los inmuebles que han resultado dañados por las obras que realizan las inmobiliarias, las que se niegan a pagar.

Vecinos de colonias como Del Valle, Narvarte, Moderna, Xoco, San Simón, Crédito Constructor, Alamos y General Anaya detallaron el caso de una vivienda que sufrió ya una inclinación de 25 grados, debido a la construcción de una obra aledaña, o bien cuarteaduras o afectaciones a las redes hidráulicas o de drenaje.

Reparación de daños

Por ello, la legisladora perredista y los inconformes anunciaron la formación del Frente de Afectados por Inmobiliarias en Benito Juárez, de manera tal que, conjuntamente, realizarán acciones colectivas ante las autoridades, es decir, promoverán denuncias de índole penal y civil, para proteger el patrimonio de los pobladores de esa demarcación.

Pizano resaltó que en el Código Civil está la figura de la reparación del daño, que contempla dos escenarios: la elección del ofendido en el restablecimiento de los daños –cuando ello sea posible–, o el pago de las afectaciones, cuyo monto de la indemnización lo determina un juez, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

Es frecuente, dijo la legisladora del PRD, la existencia de casos de incumplimiento contractual que afecta en especial a grupos económica y socialmente vulnerables, quienes pretenden constituir un patrimonio por medio de la adquisición de inmuebles; por ello, se debe respetar la propiedad o los derechos, ya sean colectivos o individuales, para llegar a una armonización entre desarrolladores, adquirientes de inmuebles y la comunidad.

También demandaron atención a las autoridades delegacionales, ya que hasta el momento han sido indiferentes a la situación, e incluso denunciaron que el mismo personal de la Secretaría de Seguridad Pública se ha puesto del lado de las inmobiliarias, y sugieren a los habitantes que ellos mismos reparen el daño a sus domicilios.