Las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobaron ayer en lo general el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual desaparece la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y transfiere el mando de la Policía Federal (PF) a la Secretaría de Gobernación (SG), que además tendrá funciones de coordinación del gabinete y el control de las tareas de gobernabilidad.

Al cierre de esta edición se esperaba que las comisiones reanudaran la sesión, luego de que se abrió un receso para revisar los artículos reservados, en especial los referentes al traslado de funciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Hacienda y el mando policiaco a cargo de Gobernación.

Previamente, en una larga discusión sobre el alcance de la reforma, el PRI argumentó que dejar a Gobernación el mando policiaco no encierra ningún aberrante propósito, y sostuvo que la intención del presidente electo, Enrique Peña Nieto, no es crear una supersecretaría ni violentar la Constitución, sino fortalecer la labor de coordinación política y policiaca desde aquella dependencia.

No obstante, legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano cuestionaron que se devuelva a Gobernación el manejo de las fuerzas federales, sobre todo con la historia de represión a opositores y uso político de información de seguridad nacional ejercida desde Bucareli en el pasado.

También criticaron que el proyecto de Peña Nieto, presentado como iniciativa la semana pasada por el tricolor, se aprobó en una sola sesión de las comisiones de estudio sin atender los llamados de atención sobre el riesgo de concentrar las funciones de policía desde la Secretaría de Gobernación.

Para contrastar las posturas de esas bancadas, PRI y Nueva Alianza resaltaron que el modelo aplicado con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública en los gobiernos del PAN fracasó, y que uno de los ejemplos más nítidos es el caso de Tres Marías, donde policías federales dispararon a agentes de la CIA.

El proyecto fue aprobado por 21 votos en favor de PRI, PAN, PVEM y Panal, y 9 de PRD, PT y Movimiento Ciudadano en la Comisión de Gobernación, y por 19 votos en favor y 5 en contra (con los mismos bloques) en la Comisión de Seguridad Pública. Al cierre de esta edición se continuaba con la discusión de artículos reservados, y se espera que el documento pase hoy al pleno para su aprobación.

Por su parte, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, informó que en atención a la desconfianza e inquietud que se generó ante la propuesta de sectorizar en Gobernación al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los artículos correspondientes serían suprimidos del dictamen.

Refirió que, en coordinación con el equipo de Enrique Peña Nieto, se acordó reconsiderar la propuesta para que ambos organismos conserven su estatus actual.

Mientras, en la sesión de comisiones unidas, Acción Nacional objetó el proyecto de Peña Nieto, aunque después lo aprobó. La postura presentada por el panista Alfonso Robledo –calificada por PRD y PT de incongruente– concluyó que el proyecto de Peña busca crear monstruos administrativos difíciles de manejar por una sola persona.

Alertó que la reforma adolece de inconsistencias constitucionales, pero dijo que aun así el PAN respaldaría el dictamen. Lo que observamos es un cambio de modelo que concentra el poder, que quiere volver a ser omnipotente. Será problema (de Peña Nieto), pero lo fiscalizaremos (para) que no se atente contra los derechos de los ciudadanos ni se dé poder discrecional a quien se le entregue el mando policiaco, afirmó.

Reminiscencias de Atenco

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, y Luis Arias Pallares, ambos del PRD, resaltaron que si se cuestiona el uso que se le puede dar a la Policía Federal desde Gobernación es porque el gobierno de Peña Nieto en el estado de México quedó marcado por la represión.

Moreno dijo: Ahí está Atenco. La historia no se equivoca. Pidió al PAN sumarse al rechazo de la ampliación de atribuciones a Gobernación para no regresar a los tiempos donde personajes siniestros comandaron la seguridad pública.