En comisiones y con el voto del PRI y el PRD, el Senado aprobó una minuta que estuvo congelada cinco años en esa cámara, por la que se reforma la Ley del Servicio Profesional de Carrera y cuyo resultado será el despido de cerca de 4 mil directores y directores adjuntos, homólogos y equivalentes de la administración pública federal, buena parte de ellos contratados por las administraciones panistas.

Sólo permanecerán en el cargo 472 funcionarios de ese rango que fueron certificados por medio del Servicio Profesional de Carrera.

Durante la reunión de la Comisión de Gobernación, los senadores del PAN votaron en contra, y en voz de Javier Corral Jurado advirtieron que es interesante que sea el PRD el que avale dar manga ancha a Enrique Peña Nieto para reinstalar el amiguismo y el compadrazgo en la asignación de plazas en el gobierno federal.

Corral subrayó que esa reforma contraviene una de las mayores conquistas en la modernización de la administración pública federal, para avanzar hacia una burocracia más profesional y especializada. Se quiere reinstalar el viejo principio que tanto daño le ha hecho a México, de que el poder es botín y con criterios partidistas se tiene que hacer la designación de funcionarios de todo nivel.

Igualmente, el senador panista Salvador Vega Casillas, ex titular de la Secretaría de la Función Pública, dijo que no sólo hay funcionarios del PAN en ese rango. Hay personal de todos los partidos, muchos sin afiliación partidista y la gran mayoría trabajan ahí antes de 2000, recalcó.

Sobre el tema, la senadora del PRI y presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, sostuvo que no se trata de un recorte de personal, pero reconoció que Peña Nieto podrá disponer de esas plazas para ubicar ahí a los funcionarios pertinentes, que deben reunir no sólo los requisitos de confiabilidad, sino de capacidad y experiencia.

Un estudio elaborado por el tricolor señala que el próximo gobierno federal sólo podrá disponer de 5 mil 146 plazas de los 42 mil puestos relevantes que le corresponden a la administración federal. Asimismo, destaca que el PAN, a través de convocatorias irregulares, realizadas después del primero de julio en el Servicio Profesional de Carrera, conservará al menos mil plazas para dejar a los suyos en puestos clave del nuevo gobierno.

La minuta ayer aprobada en la Comisión de Gobernación llegó al Senado el 6 de noviembre de 2007, originada en iniciativas de diputados del PRI y el PRD, para reformar el artículo 8 y derogar el inciso a del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

El senador priísta Gerardo Sánchez García recalcó que el nuevo gobierno debe contar con funcionarios confiables, y reveló que en Salvatierra, Guanajuato, servidores públicos del servicio profesional de carrera solicitaron permisos laborales para incorporarse al reciente proceso electoral.

Con esos cambios, avalados por los perredistas Manuel Camacho Solís, Armando Ríos Piter y Raúl Morón, se excluye del Servicio Profesional de Carrera a los titulares de direcciones generales, adjuntas y cargos homólogos, que en la actualidad son unos 4 mil servidores públicos.

Los perredistas propusieron integrar una comisión especial para dar seguimiento a los cambios al Servicio Profesional de Carrera. A partir de ese cambio, los secretarios de las dependencias y de las empresas descentralizadas podrán contratar libremente a los funcionarios de ese rango, con el argumento de que por el nivel de confianza que se requiere para ejercerlos deben ser de libre designación.

En la exposición de motivos del dictamen ayer aprobado se establece que el objetivo de que esos rangos directivos no se concursen, sino que sean por designación, es consolidar el Servicio Civil de Carrera para que sea competitivo y eficiente, pero con la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para designar libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente.

Ello permitirá además impulsar un verdadero equilibrio entre la experiencia, conocimiento y lealtad con las políticas públicas del gobierno en el que la ciudadanía ha depositado su confianza en las urnas, en el marco de la nueva realidad que enfrenta nuestro país, como es la alternancia política.

Se espera que el dictamen pase al análisis del pleno la próxima semana.