La Habana, 21 de noviembre. Cuba puso en marcha la más amplia política fiscal que haya tenido desde la revolución de 1959, con lo cual termina una etapa en la que se identificaba al Estado como única fuente de beneficios sociales y, en cambio, se precisa la contribución de los ciudadanos y las empresas al gasto público.

Como parte de la reforma impulsada por el presidente Raúl Castro, la Gaceta Oficial publicó hoy la ley aprobada por el parlamento en julio pasado, además de un reglamento y otras normas posteriores, que entrarán en vigor en forma paulatina a partir de enero de 2013.

El paquete fiscal incluye, por primera vez en medio siglo, un impuesto sobre salarios y otro sobre propiedad de la vivienda. Sin embargo, ninguno de los dos entrará en vigor de inmediato, pues se exigirán cuando las condiciones económicas y sociales aconsejen su aplicación.

Las empresas y cooperativas pagarán una contribución sobre sus ingresos brutos a los municipios donde operen. Esos recursos quedarán etiquetados para financiar proyectos de desarrollo en el mismo territorio, lo cual será una inyección presupuestal sin precedente para los gobiernos locales.

La legislación prevé medidas de apremio contra los deudores del fisco, como multas, recargos, clausura del negocio y hasta el embargo de dinero en efectivo, cuentas bancarias, inmuebles y otras propiedades. Las obligaciones impositivas se trasladarán a los herederos o legatarios de los morosos.

Desde 1997 existe en el Código Penal el delito de evasión fiscal, que se castiga con pena de entre dos y ocho años de cárcel.

El sistema surgido de la revolución funcionó durante más de tres décadas sin cobrar impuestos a los ciudadanos, pero con un control del Estado sobre toda la gestión económica, que llegó a los mínimos detalles hasta en los giros más modestos. La primera legislación fiscal se estableció en Cuba en los años noventa.

Rectifican políticas anteriores

La nueva doctrina tributaria reconoce que todos los ciudadanos deben contribuir a los objetivos de la política económica, como mantener un determinado déficit fiscal, estimular la eficiencia empresarial e impulsar a los gobiernos locales a buscar sus propios ingresos.

Habrá impuestos sobre las ventas y las utilidades de las empresas; por la propiedad de vehículos y sobre el consumo de alcohol, tabaco y artículos suntuarios, que serán precisados. Quedará gravada la prestación de servicios públicos.

Los particulares y las cooperativas y empresas agropecuarias tendrán un régimen más liviano que el resto. Quedarán exentos de los gravámenes respectivos los receptores de remesas y los propietarios de inmuebles declarados inhabitables. Las cooperativas tendrán un trato más benigno que los microempresarios.

La legislación rectificó políticas impositivas anteriores. Es el caso de los patrones privados, con hasta cinco empleados, que ahora quedarán exentos del impuesto a la nómina; este gravamen pasará de 25 por ciento a 5 por ciento en un plazo de cinco años.

En contra de la regla inicial que les requería cumplir obligaciones desde el primer momento, los microempresarios tendrán ahora un estímulo, con algunas exenciones durante sus tres primeros meses de operación, igual que los usufructuarios de tierra durante dos años.

El paquete fiscal prevé impuestos sobre ociosidad de tierras agrícolas y forestales, uso y explotación de playas, vertimiento aprobado de residuales en cuencas hidrográficas, uso y explotación de bahías y uso de recursos forestales y fauna silvestre, entre otros.