Senadores de PRI, PAN y PRD solicitaron a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que designen un grupo plural de por lo menos tres legisladores para constituir la conferencia nacional de legisladores contra la trata de personas, con el fin de armonizar el marco jurídico en el país y combatir este delito.

Destacaron los legisladores de los referidos grupos parlamentarios que, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se calcula que en México al menos 16 mil niños son víctimas de trata. Asimismo, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social apunta que en nuestro país cada año unas 20 mil personas son víctimas de este delito.

Ante esta problemática, señalaron los senadores de PRI, PAN y PRD, es necesario impulsar la armonización del marco jurídico estatal y con ello garantizar acciones coordinadas para combatir la trata de personas. Para terminar con este delito se requiere que cada una de las instituciones de gobierno lleve a cabo un trabajo permanente que sancione a los culpables y proteja a las víctimas, para que éstas tengan la posibilidad de reintegrarse a su entorno social.

Los legisladores señalaron que en el ámbito de los congresos locales los esfuerzos deben ser unificados, y para ello resulta de vital importancia que los legisladores de toda la nación trabajemos juntos para intercambiar ideas, propuestas, experiencias y conocimientos en la materia, a efecto de fortalecer un marco jurídico integral y eficaz contra la trata de personas.

Observatorio legislativo

Hicieron notar que la Comisión contra la Trata de Personas ha establecido como una de sus líneas de trabajo la formación de la citada conferencia nacional, y se pretende con ello crear un sistema de información denominado observatorio legislativo para dar seguimiento a la correcta aplicación de la ley, las reformas en los estados, las legislaciones locales, políticas públicas, así como acciones y programas en esta materia.

Apuntan que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, la cual violenta de forma grave los derechos humanos en virtud de que perpetua mediante la pérdida de la libertad, la explotación, la tortura y la degradación de la condición humana.

Las mujeres y las niñas son el grupo más perjudicado, ya que son extraídas de sus familias con tácticas como el engaño, la seducción o la amenaza para ser explotadas dentro o fuera del país.

Refieren que el Congreso de la Unión aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, misma que prescribe que en cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal se deben realizar las reformas legales necesarias para armonizar su marco jurídico con lo establecido en la ley general.

Ello es urgente, concluyeron finalmente varias legisladoras, porque muchas víctimas de trata de personas están en espera de que exista el marco jurídico idóneo para que sean protegidas y se propicie que los criminales sean sancionados.