Desde 2006, por lo menos un millón 200 mil personas
están en esa condición: Gastélum
Lo emplazan a que refiera las acciones y programas que llevó a cabo para enfrentar este problema
Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Sinaloa, las entidades más afectadas
Lunes 19 de noviembre de 2012, p. 5
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado demandó que el presidente Felipe Calderón remita un informe detallado a esa cámara sobre la dimensión de los desplazados en el país por la violencia y la inseguridad, y que refiera las acciones y programas que su administración llevó a cabo para enfrentar este problema.
La senadora priísta Diva Hadamira Gastélum sostuvo, en el punto de acuerdo que presentó en la sesión pasada, que desde 2006 a la fecha por lo menos un millón 200 mil personas se han visto obligadas a dejar su lugar de residencia en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz, a raíz de que el Ejecutivo federal inició la guerra contra el crimen organizado
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Resaltó que hoy en día el problema de los desplazados constituye una crisis de seguridad pública y una falta de atención del Estado mexicano ante las violaciones a los derechos humanos, con el agravante de estar intensificándose todos los años y no tener un principio de solución a la vista
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En el punto de acuerdo publicado en la Gaceta del Senado, la priísta refiere que en México, ante los modos violentos y represivos de los cárteles de la droga, centenares de miles de mexicanos se han visto en la necesidad de abandonar ellos y sus familias sus lugares de origen. Por desgracia, nuestro país se encuentra, junto con Nicaragua, Colombia y El Salvador, entre las cuatro naciones de América Latina con mayor número de desplazamientos
, indicó.
La senadora Gastélum señaló que en 2010 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que unas 6 mil familias o 24 mil personas aún seguían viviendo en situación de desplazamiento.
EU, el destino más buscado
Citó que el informe México: desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia de los cárteles de la droga, indica que que desde principios de 2007 el número de personas desplazadas a causa de la violencia generada por el narcotráfico es de 230 mil, y se calcula que alrededor de la mitad han cruzado la frontera con Estados Unidos, lo cual indica que existen unas 115 mil personas que viven como migrantes internos
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Hace notar en dicho punto que la problemática del desplazamiento interno en México “es relativamente reciente en términos de reconocimiento y atención por parte del Estado mexicano, pero la Organización de Naciones Unidas habla de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (11 de febrero de 1998), y a la letra los clasifica como ‘las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”’.
La senadora del PRI, por su parte, indicó que entre 2006 y 2009 se observó “una nueva forma de desplazamiento causada por enfrentamientos entre la delincuencia y elementos de seguridad pública en algunos estados. De ellos, se puede destacar lo siguiente: En 2006 y 2009 fueron desplazadas de Ciudad Juárez, Chihuahua, 100 mil personas; en mayo de 2011, en Michoacán, 2 mil más huyeron de los pueblos de la Tierra Caliente a causa de enfrentamientos entre los miembros del cártel de La Familia y de los Caballeros Templarios, y en Sinaloa cerca de 203 mil familias se encuentran en condición de desplazados”.
Aseveró que las personas desplazadas se han convertido en un grupo de alto grado de vulnerabilidad. Enfrentamos por desgracia un desplazamiento que no es seguro y digno para los mexicanos que se ven la necesidad de huir de la violencia generada por el narcotráfico; ello, a pesar de que el gobierno federal y la mayoría de los estados han realizado importantes esfuerzos para evitar que los grupos del crimen organizado sigan extorsionando, amenazando y poniendo en peligro la integridad de los mexicanos
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