Washington, 15 de noviembre. La investigación que causó la renuncia de David Petraeus a la dirección general de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha reavivado el debate sobre la privacidad en Internet y la facultad de los gobiernos para espiar cuentas privadas de correo electrónico.

Cuando el jefe de la CIA no puede esconder su actividad en la red, ¿qué esperanzas hay para el resto de nosotros?, preguntó Chris Soghoian, integrante del Proyecto de Privacidad y Tecnología de la American Civil Liberties Union.

Esto también debería servir como advertencia, al demostrar el modo en que el gobierno puede perforar el velo del anonimato de las comunicaciones sin tener que disponer de una orden de búsqueda u otra orden proveniente de un juez neutral, agregó.

Petraeus renunció la semana pasada cuando estuvo claro que su relación extramarital con la experta en contraterrorismo Paula Broadwell, su biógrafa, iba a ser del dominio público.

La queja que desencadenó todo

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dio con la pista del caso luego de una queja planteada por Jill Kelley, amiga cercana de Petraeus y del comandante de las fuerzas estadunidenses en Afganistán, John Allen, quien dijo a un agente federal que había recibido correos electrónicos amenazantes, que los investigadores más tarde relacionaron con Broadwell.

Es problemático, porque no sabemos qué permisos fueron otorgados, dijo James Lewis, jefe del Programa sobre Tecnología y Políticas Públicas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Lewis dijo que no estaba claro si Broadwell fue advertida de sus derechos antes de permitir a los agentes de la FBI acceder a sus correos electrónicos.

El experto explicó que incluso los organismos dedicados al espionaje, por ejemplo la Agencia de Seguridad Nacional, deben cumplir condiciones legales muy precisas antes de obtener el permiso para acceder a una cuenta de correo electrónico.

“Necesitamos tener claras las reglas para leer emails sin una orden judicial. La regla básica debería ser que sin aprobación judicial no hay investigación”, dijo Lewis.

No fue claro de manera inmediata qué métodos utilizó la FBI durante la investigación. Algunos informes sugirieren que los agentes pudieron haber obtenido una orden judicial que les permitió el acceso a la cuenta de Gmail de Broadwell.

Google dijo esta semana, al publicar su informe semestral sobre transparencia, que está creciendo el número de pedidos del gobierno para que entregue información sobre sus usuarios.

En la primera mitad de 2012, Google recibió 20 mil 938 solicitudes de información de organismos estatales de todo el mundo. De este total, 7 mil 969 fueron hechos por Estados Unidos. Google cumplió en 90 por ciento de los casos.

Se espera que el escándalo de Petraeus dé nuevo ímpetu a algunas propuestas que actualmente se encuentran en el Congreso, entre ellas una iniciativa de ley presentada por el senador Patrick Leathy para que sea necesaria una orden judicial basada en una causa probable para poder acceder al contenido de las cuentas de email de las compañías de Internet.

El senador republicano Charles Grassley dijo esta semana que el caso debería servir como recordatorio de que las comunicaciones por correo electrónico puede que no siempre sean privadas. Cualquier cosa que pongo en mi IPhone o Blackberry, supongo, imagino que se volverá pública, dijo Grassley a Radio Iowa.

No estaría sorprendido si la FBI escuchara esta conversación. Si tiene derecho legal de hacerlo o no, no lo sé. Supongo que no estarían haciendo nada que no sea legal, dijo.

Soghoian, por su parte, señaló que el caso de Petraeus demuestra la necesidad de una legislación más estricta. “Es un recordario de que la protección legal de los emails está muy por debajo de lo que debería”, escribió en un blog.

Necesitamos modernizar nuestras leyes sobre privacidad (...) y necesitamos protección que cubra los metadatos del tipo que aparentemente fueron tan centrales en este escándalo, agregó.