A pesar de su trascendencia, la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011 está desaprovechada, en gran medida porque las propias autoridades no conocen sus alcances o no los quieren difundir y aplicar.

Así lo afirmó Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, organismo que junto con otros colectivos de la sociedad civil iniciarán en 2013 un proyecto de tres años de duración para concientizar a las autoridades y al pueblo en general sobre la importancia de dicha reforma.

Al no promover el análisis y sobre todo la aplicación real de esa herramienta jurídica, explicó Culebro en entrevista con La Jornada, el gobierno de México demuestra no solamente que no comprende las implicaciones de la misma, sino que además no tiene voluntad política para ello, pues tiene miedo de que la sociedad se apropie de los mecanismos de derechos humanos que le da la Constitución.

El proyecto, indicó, dará inicio formalmente en enero del año entrante en ocho entidades: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal, y estará a cargo de diversas organizaciones sociales que trabajan en esos estados.

Con fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid, por sus siglas en inglés), los colectivos participantes ofrecerán cursos de capacitación tanto a jueces, agentes del Ministerio Público y defensores de oficio, como a abogados privados, estudiantes de derecho, activistas y ciudadanos en general, para explicarles los alcances de la reforma constitucional de derechos humanos.

De forma paralela, realizarán una campaña especial de promoción de las garantías individuales en Chihuahua y Oaxaca, por ser entidades con un nivel particularmente grave de violencia, así como en la ciudad de México, por ser la sede de los poderes federales y una caja de resonancia en muchos temas para el resto del país, explicó Culebro.

Falta por sacarle mucho jugo a la reforma, tanto para saber cómo se hace una averiguación previa como para dictar sentencias y usar los convenios internacionales que más favorecen a la persona, pero muchos jueces no saben cómo hacerlo porque son muy cuadrados. Si lo hicieran, podrían desahogar el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy está saturada, y le darían a la gente mayor acceso a la justicia, subrayó.

Para nosotros es un desafío, es necesario y es una exigencia que le hacemos a las autoridades, luego del saldo de decepción, tristeza y desolación que deja el sexenio de Felipe Calderón en materia de derechos humanos, puntualizó.