Las mujeres en general y las indígenas en particular tienen ante sí el gran reto de defender una democracia no electorera ni electoral, sino una democracia auténtica, porque siempre estamos dando el voto, pero no hay retorno para nosotras y nuestros pueblos a través de políticas públicas que permitan el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía, advirtió Otilia Lux, directora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas.

Al cerrar el acuerdo de colaboración entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres (ONU-Mujeres), indígenas de México y América Latina, funcionarios de la UNAM y del gobierno federal se pronunciaron por políticas públicas que permitan el acceso de las mujeres indígenas a los derechos sociales, económicos, políticos, a una vida libre de violencia y a los derechos sexuales y reproductivos.

Por parte de la UNAM, el director del Programa Multicultural de la máxima casa de estudios, Jorge del Val, llamó la atención sobre lo que denominó un dato cruel, al destacar que de todos los órdenes de gobierno en México sólo 8.7 por ciento son ocupados por mujeres, y condenó la exasperante lentitud con la que se avanza en ese sentido, donde ya no es suficiente el sistema de cuotas y es urgente redimensionar la estructura de apoyo de género.

En su turno, Ana Güezmes García, directora regional de ONU-Mujeres, condenó a su vez la triple exclusión a que se enfrenta este grupo social al ser al mismo tiempo mujeres indígenas y pobres. La funcionaria de la ONU reconoció el aporte de la UNAM al análisis de esos temas a través, de otros instrumentos, de un diplomado con y para mujeres indígenas.

Durante el acto se destacó que tras cuatro años de colaboración entre CDI y ONU-Mujeres, el principal resultado se traduce en la creación del Programa de Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena, que se materializa en una política pública con enfoque intercultural y que contempla el fortalecimiento de liderazgos femeninos indígenas, la erradicación de la mortalidad materna y la eliminación de la violencia contra las mujeres indígenas.

Durante los trabajos que derivaron en este programa se destaca la profunda preocupación por la feminización de la pobreza y la situación de desventaja extrema en que se encuentran normalmente los pueblos indígenas, en particular las mujeres, que se refleja en toda una serie de indicadores sociales y económicos.

Como parte de la demanda a los gobiernos se exige adoptar medidas concretas para facilitar el acceso en igualdad a la justicia para las mujeres indígenas en todos los niveles, y garantizar que gocen de derechos para poseer tierras y otros bienes; además de que se reconozca que la pobreza y la discriminación aumentan las condiciones que generan la violencia contra la mujer, entre otros.