Culiacán, Sin., 11 de noviembre. Seis comunidades de la zona alteña de Mazatlán se convirtieron en pueblos fantasmas ante las amenazas y los ataques de grupos armados, que han incendiado al menos seis viviendas, informaron organizaciones no gubernamentales.

Las comunidades asoladas son Juantillos, La Noria, El Olvido, Las Tatemas, El Cañón, Los Capomos y Las Higueras, ubicadas a poco menos de 50 kilómetros de Mazatlán, la cabecera municipal.

En total, seis viviendas de esta región fueron quemadas y baleadas por pistoleros del crimen organizado. En la región se siembra mariguana.

La gente tiene miedo, por eso se fue. En cuanto quemaron viviendas empezaron a irse (el ataque más reciente ocurrió el sábado); sólo quedamos siete familias de 80 que había. Yo también me voy y me llevo a mi familia porque no quiero ser el próximo, dijo un poblador.

Organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) han documentado que hay 30 mil desplazados en 11 de los 18 municipios del estado, entre ellos Sinaloa, Culiacán, Badiraguato, Guasave, El Fuerte, Choix, Mazatlán, San Ignacio y Concordia.

La CDDHS ha insistido en que el gobierno del estado pida ayuda a organismos internacionales con experiencia en la protección de desplazados, como la Organización de Naciones Unidas (ONU). A mediados de año se propuso a los diputados locales y el gobernador Mario López Valdez, pero no han respondido.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado precisó que de agosto a septiembre unas 489 familias desplazadas de 12 municipios regresaron a sus comunidades y 690 quedaron en las zonas de refugio.

El informe refiere que en estos municipios había mil 177 familias desplazadas y las localidades afectadas son Badiraguato, Sinaloa, Elota, El Fuerte, Mocorito, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Rosario, Salvador Alvarado, Concordia y Culiacán.

Sólo en el municipio de Sinaloa, unas 250 familias refugiadas en la comunidad de Surutato, municipio de Badiraguato, regresaron a sus comunidades tras haber salido por agresiones y amenazas de muerte. Señalaron que no tuvieron apoyo gubernamental y volvieron a pesar de los riesgos.

De acuerdo con quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay versiones de que grupos delictivos instalaron campos de concentración en la zona serrana de esos municipios y permitieron que los expulsados regresaran a cambio de trabajar en la siembra de mariguana y amapola, bajo amenaza de muerte.

Esperanza Peraza, síndica de La Noria, dijo desconocer la situación de los desplazados, pese a que ha visto pasar por las calles de su comunidad a familias que llevan sus pertenencias. Vecinos aseguraron que las autoridades municipales y del gobierno estatal recibieron reportes de ataques de los grupos armados, pero no han actuado.

No hay seguridad, la gente tiene miedo, no quiere ser una víctima más. Por las noches, al escuchar los ladridos de los perros, pensamos que algo va a suceder, refiere Manuel García, comisario de Juantillos.