n el marco de la asamblea general de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, realizó una inesperada defensa del involucramiento de los jueces en asuntos políticos, al señalar que en momentos en que se reacomodan los tableros y se prepara una nueva partida en nuestro ajedrez nacional, los integrantes del Poder Judicial no pueden ser convidados de piedra en esos reacomodos. Indicó que para colocarnos donde debemos y merecemos será necesario hacerlo notar, y vinculó de alguna manera esa reivindicación con la verdadera independencia, autonomía y plena libertad para juzgar.

Las declaraciones resultan desatinadas, pues la tarea de los juzgadores en el orden constitucional vigente consiste en desempeñarse como garantes de la legalidad y del respeto a los derechos humanos y en hacer que la ley se cumpla por encima de cualquier interés particular; ello demanda, precisamente, que se mantengan al margen de los reacomodos que sistemáticamente se dan entre las distintas facciones del sistema político.

Desde luego, el diseño de la institucionalidad del país confiere a los encargados de impartir justicia un papel político fundamental, el cual consiste en ejercer un contrapeso a las desviaciones de la legalidad y a los abusos, incluidos los de los representantes de los otros dos poderes de la Unión. No obstante, en años recientes abundan ejemplos de fallos judiciales que transitan en sentido contrario a esa función –como la absolución de los responsables por el incendio en la guardería ABC; la liberación de los autores materiales de la masacre de Acteal, y la ausencia de castigo a los culpables por la represión en Atenco, entre otros–, en los que ha quedado de manifiesto el papel de los órganos judiciales como gestores de intereses políticos o empresariales inconfesables, y la consecuente desviación de sus tareas constitucionales.

Por lo que hace a la lucha partidista, resulta difícil imaginar mejores ejemplos del involucramiento del Poder Judicial en el ajedrez político que la participación de algunos de sus integrantes en los esfuerzos por destruir políticamente a opositores del régimen –como ocurrió con el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador–, así como la resistencia del máximo órgano de justicia electoral a esclarecer el desaseo imperante en las dos recientes elecciones presidenciales (2006 y 2012). Esos episodios no han puesto de manifiesto independencia, autonomía y libertad para juzgar, sino todo lo contrario: han exhibido un alineamiento de los organismos de impartición de justicia a los intereses del grupo gobernante.

Desde luego, nadie en su sano juicio pediría a los juzgadores que hagan votos de silencio ni que se ausenten de la democracia y la vida cotidiana. Pero su participación en esos terrenos debe darse siempre de conformidad con la ley y de manera imparcial; de otra forma, se corre el riesgo de desvirtuar la función de uno de los pilares fundamentales del Estado, y de abonar a una distorsión institucional en el que la legalidad formal se presente como algo distinto, e incluso contrapuesto, a la justicia.