Durante el segundo y último día de evaluaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) sobre el trabajo del gobierno de México para erradicar ese crimen de lesa humanidad, las autoridades del país brindaron información parcial y poco precisa ante los cuestionamientos formulados por los especialistas del organismo.

La delegación mexicana, integrada por unos 30 funcionarios, no respondió de manera satisfactoria a las preguntas que le formularon durante más de tres horas en la sede del organismo en Ginebra, Suiza, e incluso en dos temas no dio respuesta alguna, afirmaron colectivos de la sociedad civil.

En un comunicado conjunto, varias organizaciones que participaron el martes pasado en una audiencia privada con los miembros del CAT –entre ellas la Red Todos los Derechos para Todas y Todos–, subrayaron que fue de particular gravedad la falta de precisión del gobierno sobre las causas del bajo número de sentencias condenatorias por el delito de tortura.

Ante este señalamiento, las autoridades mexicanas se exculparon señalando que la complejidad de los casos dificulta al Ministerio Público obtener suficientes elementos de prueba para consignar a los responsables.

Por otro lado, los representantes del gobierno de Felipe Calderón justificaron la figura del arraigo. Señalaron que se trata de una medida cautelar, extraordinaria y temporal, cuyas bases están en la Constitución, y enfatizaron que las garantías de los detenidos están aseguradas por el solo hecho de recibir una cartilla sobre sus derechos humanos.

En cuanto al fuero castrense, los delegados sostuvieron que en abril de este año se aprobó un dictamen en comisiones del Senado para reformar el Código de Justicia Militar, sin mencionar que dicho acuerdo nunca fue presentado ante el pleno y, por tanto, la discusión sigue pendiente.

Asimismo, los delegados encomiaron la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero no respondieron acerca de las investigaciones sobre quiénes han sido los responsables de los ataques a esos activistas y comunicadores.

El CAT pidió al gobierno mexicano que reciba la visita de su relatora especial de derechos humanos, sin que las autoridades dieran respuesta a la solicitud.

Además, la delegación gubernamental aseveró que los peritos de las procuradurías tienen independencia suficiente; presentó información incompleta y parcial sobre el asesinato de dos estudiantes normalistas el 12 de diciembre de 2011 en Guerrero, y aseguró que las pruebas obtenidas bajo tortura no son admitidas en ningún proceso penal, a pesar de que el caso de Israel Arzate –acusado falsamente de participar en la masacre de Villas de Salvárcar– demuestra lo contrario.