La paraestatal precisa que sólo cuenta con tres proveedores en el estado de Coahuila
Nuestros tratos se limitan a la entrega del mineral en términos de cantidad y calidad requeridas y al pago correspondiente, dice
Asegura no tener relación comercial con ningún otro productor
Viernes 2 de noviembre de 2012, p. 5
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se deslindó de las operaciones de compraventa de carbón a empresas mineras de Coahuila que estarían infiltradas por el crimen organizado, y afirmó que sus adquisiciones las realiza solamente con tres proveedores: Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), Coahuila Industrial Minera y Prominer, las cuales se limitan al recibo del carbón en términos de cantidad y calidad requeridas y al pago correspondiente
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La denuncia
El ex gobernador de la entidad norteña y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, denunció la semana pasada que capos del crimen organizado están involucrados en la explotación del carbón que se vende a la CFE. Ayer, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que ya se investigaba a empresas mineras coahuilenses.
Por la tarde, sin ningún tipo de requerimiento, la empresa eléctrica nacional se deslindó de cualquier relación con otro tipo de proveedores que no sean los mencionados: Fuera de esos tres proveedores, la CFE no tiene relación comercial o contractual con ningún otro productor de carbón de la entidad
, dijo. Precisó que en el caso particular de Prodemi, desde el año pasado el nuevo contrato firmado contempla requisitos sobre el control del origen del carbón a suministrar, relativos a la legalidad de las concesiones para la extracción, su ubicación y georeferencia, además del debido cumplimiento de la normatividad y permisos en aspectos de minería y otros requisitos en materia laboral y de seguridad.
Precisó que las compras de combustible realizadas en Coahuila son destinadas a la operación de las centrales carboeléctricas Carbón II y José López Portillo (Río Escondido), ubicadas en el municipio de Nava, en aquella entidad, mientras que la central carboeléctrica Lázaro Cárdenas (Petacalco), que se ubica en Guerrero, tanto por su ubicación como por su diseño, opera con carbón importado de alto poder calorífico, baja humedad, baja ceniza y bajo azufre, producto de licitaciones públicas internacionales y bajo el esquema de ofertas subsecuentes de descuento.
Para la operación de las centrales Carbón II y Río Escondido, la CFE adquiere de Prodemi 3.3 millones de toneladas al año, provenientes de la cuenca de Sabinas
; a Coahuila Industrial Minera le compra 6.7 millones de toneladas por año, de Carbón de Diseño, producto de Licitaciones Públicas Internacionales, y a Prominer, 0.5 millones de toneladas por año de carbón importado del estado de Colorado (Estados Unidos) y entregado en la central por ferrocarril.
Fondo de garantía
“En el caso del estado de Coahuila, a fin de utilizar carbón de producción local en las centrales Carbón II y Río Escondido, los gobiernos federal y estatal, así como los pequeños y medianos mineros, constituyeron el 15 de noviembre de 1994 el Fondo de Garantía para la Pequeña y Mediana Minería.
Posteriormente, el gobierno del estado de Coahuila creó, el 28 de marzo de 2003, Prodemi, organismo público descentralizado del gobierno estatal que adquiere el carbón a los productores de la entidad y lo vende a CFE. Desde esa fecha, la empresa eléctrica celebra contratos con Prodemi para la adquisición de hasta 3.3 millones de toneladas de carbón por año puesto en las centrales, proveniente de la cuenca de Sabinas. La responsabilidad contractual de CFE se limita al recibo del carbón en términos de cantidad, calidad y el pago correspondiente
, indicó la paraestatal.
Del mismo modo, la empresa eléctrica recordó que el año pasado se firmó un nuevo contrato de suministro de carbón de la región carbonífera de Coahuila con Prodemi. Éste consiste en el servicio de suministro puesto en planta, además de contemplar requisitos sobre el control del origen del carbón a suministrar, relativos a la legalidad de las concesiones para la extracción y su ubicación y georreferencia, además del debido cumplimiento con la normatividad y permisos en aspectos de minería y otros requisitos en materia laboral y de seguridad
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