Los asesinatos de 31 alcaldes y la desaparición de cinco en este sexenio llevó a la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), que agrupa 332 municipios gobernados por PRD y PT, a exigir al gobierno federal y a los estados que les brinden protección especial.

De hecho, buscan tener una reunión con Enrique Peña Nieto, presidente electo, para pedirle la creación de un cuerpo de seguridad con ese fin. Todo ello, porque a los alcaldes los culpan de los males, pero son los más desprotegidos, explicó Enrique Vargas Anaya, presidente de esta agrupación.

Jesús Zambrano, líder nacional del sol azteca, llamó a poner un hasta aquí a la pretensión del narcotráfico de decidir quién y dónde gobiernan, “porque de lo contrario viviremos en una suerte de narcoestado”.

El balance presentado ayer por Vargas Anaya, ex delegado en Azcapotzalco, durante una reunión realizada en el hotel Hilton de avenida Juárez, indica que 31 alcaldes han sido víctimas del crimen: 20 de ellos del PRI, 8 del PRD, dos del PAN y uno del PT.

Además, hay cinco ediles –entre ellos uno de Coahuila y otro de Nuevo León– que están desaparecidos. Pidió considerar que existen por lo menos 150 municipios de alto riesgo en el país, ubicados en estados como Michoacán, Tamaulipas o Veracruz.

Sin importar su origen partidista, todos los presidentes municipales están expuestos a ser víctimas de chantajes o presiones, porque no tienen recursos para su protección personal y sólo cuentan con una policía sin capacitación. La presión del crimen organizado para controlar territorios consiste en que si un edil se niega a cumplir es asesinado, amenazado o secuestrado, explicó.

Los alcaldes deberían ser protegidos, más que acusados, y esa es una labor que le corresponde a los estados o a la Federación, argumentó Vargas Anaya en entrevista. A reserva de analizar esquemas concretos de seguridad, consideró necesario asignar escoltas a los ediles y a sus familias, sobre todo a quienes están en mayor riesgo.

Al preguntarle si tienen información de alcaldes involucrados con el narcotráfico, explicó que son más de 2 mil 400 presidentes municipales y no se puede hablar de una corrupción generalizada.

Para ilustrar la magnitud del problema señaló que la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que aglutina a los panistas, contrató seguros de vida para sus agremiados, lo que, consideró, no es la solución. Tenemos que responsabilizar al Estado; la seguridad tiene que ir más allá de contratar un seguro de vida. Está bien, todos debieran tenerlo, pero eso no garantiza la tranquilidad de las autoridades, expresó.

El priísta Omar Fayad, presidente del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México, que agrupa a los presidentes municipales del tricolor, culpó a la mala estrategia del presidente Felipe Calderón de que estos funcionarios sean tan vulnerables. Descartó que los alcaldes –la mayoría priístas– víctimas del crimen tuvieran alguna vinculación con la delincuencia, en contraposición con la tesis de Calderón de que los 60 mil muertos son delincuentes.

Comentó que pedirá que el Presidente deje de promover la edificación de un monumento a la víctima desconocida, y el dinero para ese fin quede en un fideicomiso mientras se realiza un censo de víctimas.

Déjenme saludar a este muchacho

También presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el político hidalguense consideró conveniente quitar a los municipios la facultad de combatir el narcomenudeo, porque carecen de elementos para enfrentarlo. Como Enrique Peña Nieto planea crear una gendarmería, comentó que ésta podría poner atención a los presidentes municipales atemorizados por la delincuencia.

Como colofón de este encuentro, Zambrano Grijalva y el priísta se dieron un fuerte abrazo, una vez que Fayad pidió a la prensa: Déjenme saludar a este muchacho.