La tortura en México sigue siendo una práctica común y sistemática, de acuerdo con una larga lista de informes presentadas por 73 organizaciones no gubernamentales (ONG) que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos y la Organización Mundial contra la Tortura, en un documento que contradice el discurso oficial previo al informe que entregará el gobierno de México ante el Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU)Contra la Tortura .

Lo más grave es que a pesar de las numerosas recomendaciones que los mecanismos de protección de los derechos humanos han expresado en materia de prevención, erradicación y sanción de la tortura en México, ésta ha aumentado en el contexto de la lucha estatal contra el crimen organizado. Así, quienes recurren a la tortura como práctica sistemática no son solamente agentes policiales, sino también elementos de la fuerza armada y particulares, quienes en ocasiones actúan con anuencia del Estado, advierten las organizaciones en el estudio.

Las torturas, como método de investigación mantienen en el país el siguiente patrón: golpizas, asfixia con bolsas de plástico, simulación de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte o simulacros de ejecución, métodos que fueron denunciados ya en 1997 por Miguel Rodley, relator especial de la ONU sobre la tortura. Apartado especial merece la tortura hacia mujeres, a quienes se les practica por su activismo político, por protestar ante el encarcelamiento de familiares o por denunciar a funcionarios públicos; a ellas se les viola, se les hostiga sexualmente, se les humilla, se les amenaza con golpear a hijos e hijas, con violar a sus hijas o con quitar la custodia de los menores, subraya la activista Agnieska Raczynska.

En el texto que pretende confrontar las cifras del gobierno mexicano se advierte que, a pesar de existir un subregistro de casos, el número de denuncias por tortura y malos tratos presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2006 a la fecha ha aumentado casi 500 por ciento. En el mismo periodo ha habido un aumento considerable de denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que si en 2006 fue señalada como responsable en 182 quejas ante la comisión, para 2011 la cifra llegó a mil 626. Tan sólo el primer semestre de 2012 la CNDH ha registrado mil 164 quejas en contra de la Defensa.

En el texto se llama la atención sobre la admisión y valoración de la prueba obtenida bajo tortura, es decir, los tribunales y juzgados siguen admitiendo confesiones admitidas con esos métodos, a grado tal de que si la confesión calificada es inverosímil o si no existen otros elementos que la comprueben, el juez puede dividir la confesión teniendo por cierto sólo lo que perjudica al inculpado y no lo que lo beneficia. De esta forma se le puede dar valor a lo que convenga a efectos de conseguir la condena del indiciado, en completa contradicción con el principio de presunción de inocencia. Además, la carga de la prueba en una denuncia de tortura recae en el afectado.