s el cuento de nunca acabar: en febrero de 2010 los ciudadanos organizados y movilizados de Baja California Sur lograron detener uno de los proyectos mineros más tóxicos de los muchos que existen en la República, vía generosas concesiones del gobierno federal. Se trataba de Paredones Amarillos, de la trasnacional canadiense Vista Gold (la cual cuenta con otras siete concesiones mineras en el mismo estado para la explotación aurífera en la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna). Tan notorio resultaba el deterioro ambiental que provocaría el proyecto, que hasta la Semarnat se vio obligada a rechazar la solicitud de cambio de uso de suelo forestal del referido consorcio para iniciar la explotación, no sin advertir que la empresa incumplió los requisitos de ley.

Por esas fechas los sudcalifornianos celebraron su triunfo, pero meses después la trasnacional canadiense (que conoce muy bien los tejes y manejes para hacer negocios en esta República concesionada) simplemente le cambió de nombre al citado proyecto: Paredones Amarillos (como se conocía hasta febrero de 2010) pasó a denominarse Minera Concordia (a partir de septiembre del mismo año), y sin más retomó el trámite ante la Semarnat para lograr los permisos de cambio de uso del suelo forestal y otros menores para comenzar la explotación del área concesionada.

De nueva cuenta le negaron los permisos ambientales al proyecto minero, y los sudcalifornianos volvieron a celebrar el triunfo, aunque fue tan efímero como el primero, porque las autoridades federales parece que de plano no entienden de qué se trata. Así, la entrona ciudadanía de aquella entidad vuelve a dar la batalla, porque si en septiembre de 2010 Paredones Amarillos se transformó en Concordia, a partir de febrero de 2012 ésta se convirtió en Los Cardones, tras la asociación empresarial (40-60 por ciento) de Vista Gold con el Grupo Invecture, el cual cuenta con su propia concesión minera en el estado de Sonora (mina de cobre Piedras Verdes).

La ciudadanía logró echar para atrás Paredones Amarillos; lo mismo con La Concordia, y ahora hará lo propio con Los Cardones, un refrito de los dos anteriores, aunque todo indica que sus principales enemigos están en los gobiernos federal, estatal y municipal. Ante esto, organizaciones ambientalistas como Niparajá, Medio Ambiente y Sociedad, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Agua Vale Más que Oro reiteran que cualquiera que sea su denominación el citado proyecto minero es una amenaza tóxica para Baja California Sur, y contraviene el decreto del área natural protegida de La Sierra de la Laguna.

Las citadas organizaciones subrayan que el proyecto de Los Cardones liberaría inevitablemente durante el proceso de molienda 67 millones de kilogramos de arsénico, que quedarían expuestos a la intemperie a perpetuidad y que con las constantes lluvias en la zona terminarían por contaminar permanentemente los acuíferos, como sucedió en la zona de San Antonio y Los Planes, donde actualmente hay un índice muy elevado de incidencias de cáncer, así como de pozos contaminados.

Explican que el proyecto tiene serios inconvenientes, porque además de tratar de ubicarse en la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, que es nuestra principal fuente de agua, también liberaría más de 100 millones de kilogramos de tóxicos, entre ellos: arsénico suficiente para envenenar a toda la población del país, además de plomo, cromo, uranio, torio, etcétera, y todos ellos se quedarían almacenados en una presa de jales, con una cortina de una altura superior a 80 metros, construida con las rocas desechadas en las tepetateras, compactadas y cubiertas con un plástico de sólo 1.5 mm de espesor.

Lo anterior no da ninguna seguridad de que los contaminantes se van a quedar almacenados para siempre, sino más bien de que se liberarán gradualmente conforme esta estructura empiece a deteriorarse o, lo que es peor y muy probable, en un solo evento, debido a una falla estructural, un sismo o un fuerte huracán. Sólo profesionistas sin ética pueden atreverse a afirmar que la presa de jales durará al menos 10 mil años; este no es un problema sólo de autoridades federales. Marcos Covarrubias (gobernador de Baja California Sur) y Esthela Ponce (alcaldesa de La Paz) tienen la facultad y las herramientas legales para apoyar a los paceños defendiendo la Sierra de la minería tóxica.

La alcaldesa, indican, puede a través del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) prohibir este tipo de actividades riesgosas y contaminantes; además, participar dentro del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) ante la Semarnat emitiendo una opinión en contra, y a la vez negar el permiso de construcción. Al igual, el gobernador Covarrubias tiene la facultad de opinar dentro del PEIA y no autorizar el uso de suelo. Les pedimos que hagan uso de estas facultades para proteger a los sudcalifornianos de los impactos de la minería tóxica. ¿Qué no entienden? Los sudcalifornianos insistimos con firmeza en nuestro rechazo a este tipo de minería tóxica. Rechazo que ha sido expresado por sus representantes, por el gobierno del estado, el ayuntamiento de La Paz y recientemente reiterado en el Congreso local.

Las organizaciones citadas subrayan que no cabe duda de que la megamina tóxica a cielo abierto de Los Cardones únicamente busca especular con nuestros recursos naturales. Éste y cualquier otro proyecto de mega minería a cielo abierto contraviene el decreto de creación del área natural protegida de la Sierra de La Laguna, el cual prohíbe dentro de la reserva verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósitos de agua, y desarrollar actividades contaminantes.

La mina proyectada para Paredones Amarillos-La Concordia-Los Cardones tendría una vida útil de alrededor de 9.5 años, durante los cuales se extraerían cerca de 40 toneladas de oro. Como este oro se encuentra en el suelo en una proporción cercana a una parte por millón (1.08, para ser exactos), para extraer estas 40 toneladas de oro la empresa tendría que procesar cerca de 40 millones de toneladas de material, separarlo de la montaña, pulverizarlo y rociarlo con una solución a base de cianuro. De hecho, en los materiales de la propia empresa se habla de la necesidad de procesar 11 mil toneladas diarias de material. Además, utilizaría un millón 400 mil metros cúbicos de agua por año.

Las rebanadas del pastel

Cero y van tres. La ciudadanía se niega a que le impongan el proyecto, pero el sordo gobierno federal sólo facilita el camino a la trasnacional minera.

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