ichoacán es en 2012 como Oaxaca fue en 2006. Hace poco más de seis años, en la tierra de Benito Juárez, el gobernador Ulises Ruiz ordenó reprimir a los maestros democráticos de la sección 22 e incendió del estado. La madrugada del pasado 15 de octubre, el gobierno de Michoacán precipitó el desbordamiento popular cuando policías federales y estatales golpearon salvajemente y detuvieron a 176 estudiantes normalistas rurales de Tiripetío, Cherán y Arteaga.

Los jóvenes exigían el diálogo con el gobernador para presentar una propuesta de mejora educativa de las normales del estado, suspender la imposición de un plan de estudios que no fue consultado con la comunidad y ampliar las plazas docentes. Nunca tuvieron respuesta real de las autoridades. Por el contrario, el gobernador Fausto Vallejo dijo que no iba a negociar bajo presión.

Desde dos meses antes las ocho normales de la entidad comenzaron a efectuar paros. Los primeros días de octubre, para forzar el diálogo, los estudiantes retuvieron autobuses y los resguardaron en las instalaciones escolares, práctica usual entre los movimientos sociales en el estado desde hace mucho tiempo.

La respuesta popular a la represión estudiantil fue impresionante. Miles de maestros democráticos de la sección 18 tomaron Morelia en una movilización no vista en años, tanto por su fuerza como por su tamaño. Muchas comunidades indígenas de la meseta purépecha expresaron su solidaridad con los jóvenes detenidos. Los vecinos de Tiripetío cubrieron las ventanas y zaguanes de sus casas, y los postes y vehículos, con cartulinas, hojas, post-it, con frases en apoyo a los estudiantes, comunicando una idea central: la indignación del pueblo todo por la barbarie de los federales y estatales en contra de los normalistas. La protesta se sostuvo ininterrumpidamente en toda la entidad durante varios días.

Simultáneamente, un aire de indignación sacudió a maestros, normalistas y estudiantes en otras entidades. A pesar de la campaña en medios de comunicación en contra de los detenidos, las protestas se extendieron por diversos estados. En la ciudad de México, colectivos estudiantiles bloquearon avenida de los Insurgentes y ocuparon las oficinas de la representación del gobierno de Michoacán. En Morelos, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua y Nuevo León se efectuaron manifestaciones y tomas de casetas.

La represión del gobierno de Fausto Vallejo a los normalistas fue la gota que derramó el vaso del descontento social en la entidad, y un catalizador del descontento que existe entre sectores de la población en todo el país.

El choque no es nuevo. Desde que el mandatario local tomó posesión del cargo, en febrero de este año, la confrontación se ha exacerbado. Su determinación de romper con el pacto social informal existente en el estado a lo largo de la última década, y cerrar las vías de negociación a los movimientos populares, ha generado enorme descontento. Muchos de esos conflictos existían desde antes de su llegada, pero hace nueve meses comenzaron a crecer.

La lista de problemas pendientes de solución en Michoacán es enorme: la Universidad Nicolaíta, los Conalep, los municipios de Salvador Escalante y Aquila, la comunidad indígena de Capácuaro, de Urapicho y Cherán, son sólo algunos casos.

El descontento social y las confrontaciones con el poder en Michoacán tienen tras de sí una larga y cruenta historia. Tan sólo entre 1988 y 1990 fueron asesinados en la entidad 250 dirigentes populares o neocardenistas que luchaban por la democracia. El estado se transformó al calor de las luchas del neocardenismo y los movimientos sociales. El proceso comenzó aun antes de la llegada de Lázaro Cárdenas Batel a la gubernatura, en 2002. Los maestros democráticos de la sección 18 desempeñaron un papel central, ya sea a través de sus propias luchas o como mediadores entre distintos grupos sociales y el gobierno estatal.

Como parte de estos cambios en el gobierno y en la forma de gobernar, las distintas administraciones abrieron espacio a la negociación con las organizaciones populares, a menudo promoviendo su división, la cooptación de algunos de sus dirigentes y la recuperación de su agenda. Desde el gobierno estatal se gestionó la protesta social, fraccionándola y retomando como propia parte de su discurso. Esto no evitó que se produjeran violentas expresiones de malestar, como en el caso de los trabajadores mineros de Lázaro Cárdenas en 2006, los comuneros de Cherán o los mismos normalistas de Tiripetío en 2008 y en marzo de este año, pero facilitó que la entidad pudiera gobernarse.

En el camino, el desencanto con los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la crisis y la sobrevivencia de núcleos de la izquierda no institucional en la entidad facilitaron el resurgimiento de organizaciones radicales.

La situación cambió radicalmente a raíz de la llegada al poder de Fausto Vallejo. Despidiendo un fuerte tufo porfiriano, recogiendo el sentir de los grupos de poder más retrógrados en la entidad, recuperando lo peor del autoritarismo priísta, sin presupuesto, el nuevo mandatario quiso romper con la cultura y los modos de hacer política locales, se negó a negociar y optó por reprimir a los movimientos sociales que no se sujetan a su visión de lo que debe ser el nuevo orden.

El pasado 15 de octubre, el modelo de restauración autoritaria de Fausto Vallejo explotó. Con el fantasma de lo sucedido en la Normal Rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, los estragos de la crisis económica, la inseguridad pública y la acumulación de agravios a cuenta del nuevo gobierno, la represión a los normalistas provocó el michoacanazo. La enfermedad del mandatario y las elecciones para gobernador en 2016 han hecho más difíciles aún las cosas.

La protesta local encontró un clima de solidaridad nacional significativo. Jugaron a su favor las iniciativas de #YoSoy132, la huelga de la UACM, los exitosos paros en el IPN, el descontento en el normalismo nacional y el repunte de la CNTE.

En ese clima, el gobierno estatal tuvo que doblar las manos, liberar a los detenidos y posponer la reforma curricular. De no haberlo hecho muy probablemente el estado se habría incendiado y opacado la toma de posesión de Peña Nieto. El normalismo rural y el movimiento popular en Michoacán se apuntaron un triunfo.