Buenos Aires, 29 de octubre. El ex ministro del Interior de la pasada dictadura militar y ex general Albano Harguindeguy murió esta noche en su casa, donde cumplía prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad y estaba a unos días de enfrentar otro juicio en Paraná, Entre Ríos, por las misma causas.

Tenía 85 años y fue un implacable ministro en los momentos más duros de la dictadura (1976-1983), cargo que asumió cinco días después del golpe militar y en el que se mantuvo hasta marzo de 1981.

Considerado uno de los ideólogos de la dictadura, tenía amplio radio de influencia gracias a su cargo, lo que le daba un gran poder al dominar tantas jurisdicciones. Tomaba decisiones fundamentales para el régimen que instaló un terrorismo de Estado, sin precedente en el país, que dejó 30 mil desaparecidos.

Durante mucho tiempo logró eludir la justicia y además había sido beneficiado por los indultos (1989-1990), pero en 2005, al anularse definitivamente las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de los años 1986-1987, acabó siendo juzgado y detenido por crímenes de lesa humanidad.

En abril pasado, cuando la justicia ordenó allanamientos en su domicilio, junto al del ex dictador Jorge Rafael Videla y el ex general Omar Santiago Riveros, se encontraron documentos que en el caso de Harguindeguy dejaron en claro su verdadera importancia en la redacción de informes, proyectos y planes.

Se encontró un informe de cumplimiento de gestión 1979 y el plan de acción 1980. Otros sobre las órdenes de la Junta al Poder Ejecutivo y planes para 1980-81. El año de 1980 fue clave por la ofensiva militar de la organización Montoneros, en la cual muchos militantes que entraron al país fueron desaparecidos.

En entrevista para un libro, Harguindeguy confirmó la existencia de esos documentos. Mi problema como ministro del Interior eran los desaparecidos; era el más grande que tenía, después estaban las grandes obras energéticas, algunas peleítas entre provincias, y reconoció haber hecho listas (de víctimas) que junto con otros documentos fueron quemadas por orden del dictador Reynaldo Bignone.

En tanto, la sociedad conoce otro terrible episodio de la dictadura. El capitán Oscar Alfredo Castro, quien cumple arresto domiciliario desde 2009 por delitos de lesa humanidad, no hizo nada por proteger a sus dos hijos, que eran militantes políticos y estaban secuestrados en Campo de Mayo.

Los jóvenes Alfredo y Luis Castro habían sido detenidos desde 1975 en dos oportunidades, y luego durante la dictadura, cuando el capitán Castro era jefe de los grupos de tarea de la Marina en Bahía Blanca, sur del país, y, aunque dice que los buscó en algún momento, reflexiona que no supieron escuchar. Pienso que estaban convencidos de que no habían cometido delitos.

Así lo dijo en una entrevista con Diego Martínez, en la cual también confiesa que no podía detectar dónde estaban, pero sí sabía que los interrogaban muchas horas al día. Y cuando el periodista indaga más, responde: ¿por qué no dejamos a los muertos tranquilos? Ningún gesto de dolor o arrpentimiento, y se refugió en un fundamentalismo cristiano, como si estuviera orgulloso de su dureza y de lo que llamó la gesta libertadora por la guerra sucia que libró hasta con sus propios hijos.

En otro orden, un temporal de lluvia torrencial y vientos provocaron dos muertos, casi dos mil desalojados, automóviles y casas afectadas y daños en toda la ciudad, donde las aguas corrieron como ríos y entraron a centenares de viviendas. No funcionaron el metro ni el tren eléctrico y durante horas la ciudad fue un caos. Hay calles destruidas y cientos de comercios afectados.