Panamá, 28 de octubre. El gobierno de Panamá sancionó hoy la ley que deroga una anterior que lo facultaba a vender tierras del Estado en la zona franca del país, en la norteña provincia de Colón, que dio origen a violentas protestas que dejaron tres muertos.

El presidente Ricardo Martinelli, en compañía de varios ministros, sancionó la normativa que el Congreso panameño había aprobado en horas de la madrugada.

La derogación se produjo con la finalidad de superar la intranquilidad que pudiera haber en el país, declaró Luis Eduardo Camacho, secretario de Estado de Comunicación.

Ya se enmendó el error, dijo el presidente del Congreso, el oficialista Sergio Gálvez, después que 59 diputados votaron en favor de eliminar la ley que habían aprobado el 19 de octubre en medio de protestas. No hubo votos en contra ni abstenciones.

Los organizadores de las manifestaciones contra la anterior legislación celebraron lanzando fuegos artificiales en las inmediaciones del Congreso en la capital panameña.

Hemos dado al presidente Martinelli una lección importante. No toda la cosa pública puede ser objeto de la ambición personal de él. Las cosas del pueblo se respetan, declaró Edgardo Voitier, coordinador general del Frente Amplio Colonense, organizador de las protestas.

Martinelli lamentó las tres muertes ocasionadas en el país por violentas manifestaciones contra una ley para la venta de tierras de la zona franca y pidió procesar a los responsables de un conflicto innecesario.

Como la mayoría de los panameños, tengo el corazón triste por las vidas que perdimos, los heridos y los bienes saqueados. Triste porque en vez de avanzar, retrocedimos, dijo Martinelli durante un mensaje al país.

Con más de 3 mil empresas en operaciones y 30 mil trabajadores, la zona franca, considerada la más importante de América Latina, movió en 2011 mercancías por más de 29 mil millones de dólares y aportó mil 700 millones de dólares a los 23 mil 200 millones del producto interno bruto.

Paralelamente a la nueva ley, se creará una comisión legislativa para esclarecer las tres muertes y las denuncias de abuso policial durante las protestas.

Al cabo de 60 días deberá rendir un informe y determinará la indemnización que pudiera corresponder a los familiares de las víctimas.

Desde la sanción de la ley, el mismo 19 de octubre, policías y manifestantes se enfrentaron varias ocasiones y se produjeron saqueos de comercios, principalmente en Colón y la capital, lo que generó detenciones masivas. Además de las tres víctimas mortales, hubo al menos medio centenar de heridos, la mitad por armas de fuego, y centenares de detenidos.

La normativa permitía al Estado la venta de terrenos en la zona franca y 35 por ciento de lo recaudado iría a un fideicomiso a cargo de autoridades de Colón para inversión social. Sin embargo, el gobierno panameño la modificó para que el total de los ingresos fuera a ese fideicomiso, lo que no logró calmar a los opositores que la rechazaban.