pretando aún más las tuercas en lo laboral (como lo permitirán las reformas aprobadas ayer en lo general en el Senado) se aumentarán las posibilidades de desajustes sociales que rebasen los marcos crujientes de la institucionalidad política y económica.

Aun cuando los medios de comunicación suelen centrarse en los forcejeos políticos y electorales y en los hechos de violencia relacionados con la delincuencia organizada, en la base de la pirámide social se multiplica una inconformidad que en algunos casos se expresa en términos de cinismo y apatía cívicas, pero también en organización y batallas públicas que a pesar de conducirse en términos generales con apego a los cauces legales, son inhabilitadas y aplastadas por diversas formas de poder cupular que justamente por el regreso de los patrones priístas de conducta caciquil y despótica creen posible apretar más y más.

Para dar ejemplo está Chihuahua, donde el gobernador priísta César Duarte se ha esmerado en presumir una disminución de la violencia en asuntos de narcotráfico y conexos... mientras se desarrolla impunemente otro tipo de violencia, dirigida contra defensores de derechos humanos y luchadores sociales.

Ismael Solorio Urrutia era uno de los dirigentes de El Barzón en Chihuahua y participaba abiertamente contra la instalación de una de las múltiples mineras canadienses que han tomado el territorio mexicano como base de enriquecimiento a costa del envenenamiento del medio ambiente y contra el aprovechamiento ilegal y abusivo de aguas en la cuenca del río del Carmen en aquella entidad norteña. Este lunes, Solorio y su esposa, Manuela Martha Solís Contreras, fueron ejecutados en las inmediaciones de un campo menonita en el municipio de Cuauhtémoc.

Un día antes del asesinato de Solorio y su esposa, el articulista de La Jornada, Víctor Quintana, escribió en un diario local, El Devenir, un artículo titulado Quieren reventar El Barzón (http://bit.ly/S1SoKA ), en el que mencionaba las agresiones físicas contra ciudadanos en protesta (al propio Solorio y a su hijo los habían golpeado en días anteriores), el acarreo de falsos apoyadores de la filial de la trasnacional canadiense Mag Silver, las falsas promesas de atención y protección por parte de funcionarios estatales y una campaña de desacreditación pública del barzonismo en medios informativos afines al gobierno de Duarte (el de Chihuahua).

Quintana se preguntaba si el clima de agresión ¿será porque la capacidad de convocatoria y de protesta de El Barzón rompe el monopolio de control priísta en varios sectores importantes? Y añadía, con impactante claridad: Que hay linchamiento mediático y político contra El Barzón, es un hecho. Que lo mueven los intereses de las trasnacionales mineras, de quienes se han convertido en acaparadores de agua, de pozos y de subsidios para tecnificación del riego, y de quienes estos contratan para sembrar miedo, también es un hecho, lo mismo que la grilla de organizaciones corporativas priístas que ven amenazados su poder, su convocatoria y su lucro.

Añadía Quintana: Si ahí quedara todo de por sí sería preocupante, pero lo es mucho más y más condenable cuando se percibe detrás de esta campaña la participación del gobierno del estado. Porque muestra que en Chihuahua no ha bastado con acabar con los contrapesos en las instancias políticas, como son el Congreso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora se percibe que se quiere debilitar también cualquier contrapeso en el ámbito de la sociedad, desprestigiando, difamando, rafagueando a quien opte por la crítica y la disidencia.

Michoacán es otro caso de priísmo obstinado en ensayar el endurecimiento institucional frente a las protestas, como si de lo que se tratara fuera de cumplir con instrucciones superiores de exploración para fines de instauración nacional. Un problema que pudo haberse resuelto conforme a las circunstancias políticas locales ha tomado dimensiones nacionales, con jóvenes de diversas partes del país en fuerte demanda de libertad para ocho aspirantes a profesores.

La generalización del incendio michoacano tiene como punto de referencia una sorda lucha palaciega, según el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien ha afirmado que el mando real real no lo ejerce Fausto Vallejo, tan afectado de salud que quien lo suple es el secretario Jesús Reyna. En cualquier caso, el problema de los normalistas ha tocado tierra en la capital del país, con cierres al tránsito en cruceros importantes, manifestaciones y tomas de edificios públicos, como la sucedida ayer durante horas en las oficinas de la representación de esa entidad en el Distrito Federal. Conflictos acumulados, ante los cuales la mano priísta cree necesario el endurecimiento y no la negociación, el uso de la fuerza pública y no de la habilidad política.

En Puebla, Rafael Moreno Valle, un gobernador de raigambre priísta, aunque las circunstancias lo han llevado a transitar por el panismo, y al que su gratitud hacia Elba Esther Gordillo le lleva de nuevo a las cercanías con el PRI, ha anunciado su disposición de demandar por daño moral a cuando menos 19 periodistas, según hizo saber su vocero.

La administración de Moreno Valle analiza, según dijo el portavoz Sergio Ramírez Robles al reportero de Proceso, Álvaro Delgado,  todos los abusos de la libertad de expresión en perjuicio del honor y la reputación del gobierno de Puebla mediante la ofensa, la denostación y la humillación de funcionarios. Y advirtió: “seguiremos haciendo esto contra quienes llamen a los funcionarios ‘rata’, ‘perro’, ‘cerdo’, ‘homosexual’, ‘chacha’, ‘mascota’, etcétera”.

En ese contexto, la precarización laboral aprobada ayer en el Senado, y la impunidad de los caciques sindicales, que estaba a discusión, simplemente agravará un cuadro de descomposición institucional y aumentará los motivos de grave insatisfacción social sin cauces adecuados.  

Y, mientras los gobernadores de origen perredista al fin se reúnen con EPN, ¡hasta mañana!

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