Cuernavaca, Mor., 21 de octubre. En 21 días de gobierno, el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu sólo ha señalado –en conferencia de prensa el 8 de octubre– que la administración anterior, que encabezó el panista Marco Antonio Adame Castillo dejó en deplorables condiciones la seguridad y la justicia.

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alicia Vázquez Luna, trató de ir más allá al mostrar algunas irregularidades. Reveló que en la dependencia había un déficit de 100 millones de pesos, grandes adeudos de los penales de Morelos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que no aparecía el helicóptero del gobierno del estado.

Los dichos de Alicia Vázquez se exhibieron en televisión el jueves pasado, en un reportaje titulado Una mujer valiente.

Vázquez Luna dejó entrever que la administración de Graco Ramírez al menos mostraría cómo recibió el estado después de 12 años de gobiernos panistas.

Sin embargo, en una conferencia de prensa que ofreció este domingo Vázquez Luna fue mucho más mesurada. Dijo que el helicóptero no se encontraba donde debía estar estacionado, pero apareció el viernes pasado. Aparentemente se encontraba en reparación en la ciudad de México, explicó.

El déficit de 100 millones de pesos se debió a la creación de la Policía Estatal Acreditable, porque no se contempló el gasto corriente de ese cuerpo policiaco, dijo.

Sobre el adeudo de dos millones de pesos de los penales estatales con la CFE, dijo que no permitirá que los penales se queden sin luz y que los pasivos se cubrirán según las pautas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Insistió en que se actuará contra quien resulte responsable de las irregularidades y del déficit financiero en la SSP, pero advirtió que no es auditora ni integrante de la contraloría.

A su vez, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Mario Vázquez Rojas, reconoció que no ha avanzado la denuncia que el ayuntamiento de Cuernavaca presentó el 12 de julio –por conducto del alcalde sustituto, Rogelio Sánchez Gatica– para que se investigue el presunto desvío de 300 millones de pesos provenientes de un crédito solicitado a Bancomer. El funcionario alegó que los afectados no han presentado pruebas.

Los reporteros le preguntaron sobre los más de 35 asesinatos ocurridos en los 21 días de la actual administración: cuántos se han esclarecido, cuáles son atribuibles al crimen organizado y si había responsables detenidos. El procurador sólo repuso que el gobierno federal lleva las estadísticas de estos crímenes.