La inconformidad de trabajadores de confianza de la Secretaría de Gobernación, quienes reclaman aumento salarial, trascendió a empleados de otras dependencias y al personal de base.

Este jueves, integrantes del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) se reunieron en asamblea para determinar la estrategia a seguir ante el rezago en percepciones.

De manera independiente, al margen de su representación sindical, buscan que la opinión pública conozca su situación; planean realizar una manifestación o paro en este tribunal, cuyas oficinas centrales se ubican al sur de la capital.

Además del rezago salarial de 12 años –correspondientes a los dos sexenios de gobiernos federales panistas– señalan que en este órgano, dependiente presupuestalmente de Gobernación, hay un uso discrecional de los recursos.

El personal de Enlace del TFCA percibe entre 6 mil y 10 mil pesos al mes, mientras un secretario de audiencias, que puede atender hasta 18 diligencias en un día, recibe 16 mil pesos, desde el año 2000.

Una de nuestras responsabilidades es generar laudos para que trabajadores al servicio del Estado sean reinstalados o les paguen salarios y prestaciones conforme a la ley, pero aquí no tenemos acceso a una defensa de ese tipo. En casa del herrero, azadón de palo, lamentó Juan José Molina Velasco, secretario de audiencias de la primera sala del TFCA.

En este tribunal, los abogados responsables de generar los documentos que analizan los magistrados para emitir sus dictámenes son considerados de base, aunque tienen ingresos rezagados en la misma magnitud que el personal de Enlace (confianza) de Gobernación y de otras dependencias, donde –de manera incipiente, como en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública– los empleados se organizan para tratar de obtener algún beneficio antes de que concluya el gobierno de Felipe Calderón.

Los trabajadores del TFCA tienen marcadas diferencias salariales respecto de lo que ganan los magistrados de las salas y el magistrado presidente (Álvaro Castro, ex coordinador de Asesores del titular de Gobernación, Alejandro Poiré).

Por ley, estos altos funcionarios tienen percepciones similares a las de los magistrados del Poder Judicial de la Federación, es decir, más de 100 mil pesos al mes.

En tanto, los sindicalizados afirmaron que su líder pide licencias para cubrir comisiones sindicales a personal de nuevo ingreso, sobre todo en el Instituto Nacional de Migración, sin tener un sustento legal para ello.

En una carta dirigida al secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) manifiestan:

“Los trabajadores de base de la Secretaría de Gobernación hacen un llamado al licenciado Joel Ayala, presidente de la FSTSE, para que ponga un alto a las arbitrariedadades que ha venido realizando el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Gobernación, Miguel Rodrigo Alcocer Solís, en complicidad con las autoridades de la misma dependencia, el ex director general de Recursos Humanos Gustavo Manríquez, y el oficial mayor Ernesto González Cancino (...)

“Entre las irregularidades se encuentran los movimientos descontrolados de plazas, tanto nombramientos definitivos como de interinos, para dárselas a sus amigos, familiares, miembros de su comité y de él mismo.

Por ejemplo, José Eduardo Alcocer ingresó a esta secretaría el 17 de julio de 2012 y cubre una licencia sindical con goce de sueldo, sin antes haber cumplido con la antigüedad mínima de seis meses un día, como marcan los estatutos y tomando en cuenta los criterios de escalafón.