El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer un documento sobre el joven mazahua mexiquense Hugo Sánchez Ramírez, preso desde hace cinco años –cuyo caso se discutirá hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, en el cual señala que el acusado fue aprehendido sin justificación alguna, por lo que llama al Estado mexicano a ordenar su inmediata liberación.

La resolución del mencionado organismo (dada a conocer al gobierno del país desde mediados de septiembre) afirma que Sánchez fue detenido de forma arbitraria el 21 de julio de 2007 con el pretexto de que tenía una actitud sospechosa, y más tarde fue acusado por posesión de armas de fuego y el secuestro de dos menores de edad, a pesar de que se demostró que el día del mencionado plagio él se encontraba en el funeral de su abuela paterna.

Debido a las inconsistencias legales del proceso judicial, el grupo de expertos de la ONU subrayó que el joven mazahua ha sido víctima de excesos por la justicia mexicana, que nunca ha respetado el principio de presunción de inocencia y sigue criminalizando la pobreza y la filiación étnica para fabricar culpables.

Por todo ello, recomendó al gobierno del país que indemnice económica y moralmente al afectado, ordene su inmediata liberación, y elimine todas las referencias legales y antecedentes penales que lo vinculen con el proceso judicial que se le siguió.

Desde marzo de 2012, el grupo de trabajo había enviado a las autoridades del país una comunicación sobre este caso, sin que hasta el momento el gobierno respondiera a la misiva o haya pedido una prórroga para contestar.

Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entregó el 9 de octubre pasado a la SCJN una serie de argumentos en favor de Sánchez Ramírez, bajo la forma de un amicus curiae dirigido a la primera sala del máximo tribunal del país.

El organismo recordó que Hugo y sus acompañantes estuvieron retenidos en el palacio municipal de Villa Victoria, estado de México, donde fueron sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos, y también fueron fotografiados e interrogados sin justificación alguna y en ausencia de un agente del Ministerio Público y un defensor.