Habitantes de diversos municipios de Jalisco y Nayarit denunciaron las afectaciones provocadas en más de 3 mil 800 hectáreas de su propiedad debido a la presa hidroeléctrica La Yesca, construida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y exigieron que dicho organismo pague un precio justo por las tierras utilizadas en ese megaproyecto.

En conferencia de prensa, los campesinos de la zona lamentaron que la CFE no sólo no haya pagado el monto que corresponde a la utilización de los terrenos, sino que tampoco ha construido las obras sociales que prometió, e incluso ha recurrido a las amenazas de muerte contra las pobladores –muchos de ellos de la tercera edad– para convencerlos de no reclamar ningún pago extra por sus tierras.

Alejandro López Aguayo, abogado de las comunidades en resistencia, explicó que la presa hidroeléctrica empezó a construirse en septiembre de 2007 en el cauce principal del río Santiago, lo cual inundará 3 mil 830 hectáreas de los municipios de Tequila, Magdalena y Hostotipaquillo (Jalisco), y La Yesca (Nayarit), afectando a unos 10 mil habitantes, quienes perderían su medio de subsistencia.

Desde esa fecha y hasta hoy, los campesinos han solicitado audiencias con la CFE para que dicha paraestatal les otorgue un pago justo por el valor de sus tierras –equivalente más o menos al 5 por ciento de los mil 200 millones de dólares del costo total de la obra–, pero los responsables del proyecto han insistido en pagarles no más de 40 pesos por metro cuadrado.

Además, los pobladores exigen que el gobierno cumpla con diversas obras sociales prometidas para convencer a la gente de las bondades del proyecto (caminos, puentes, electrificación, bordos de agua y plantas solares) y se responsabilice por la afectación ambiental que causará la presa de La Yesca, cuya inauguración está programada para finales de este mes o inicios del próximo.

López Aguayo señaló que en la misma zona ya están en operaciones las hidroeléctricas de El Cajón y Santa Rosa –todas ellas asignadas a la empresa ICA, a pesar de la resistencia que enfrentó para construir la de La Parota, en Guerrero–, e informó que el Tribunal Permanente de los Pueblos sesionará en la comunidad de Temacapulín (donde hay otro megaproyecto del mismo tipo) los días 5 y 6 de noviembre, para analizar las violaciones a los derechos humanos que implica la edificación de La Yesca, y dar un informe final el 8 de noviembre en Guadalajara.

A nombre de las comunidades afectadas, los campesinos Adela Sandoval, Dimas Salinas, Maura Carranza y Celia Castañeda reiteraron la exigencia de que el gobierno federal les dé un pago justo por sus tierras, y señalaron que un funcionario apellidado Armas ha recurrido a amenazas veladas de muerte para desmovilizarlos.