La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es un gran avance, porque por primera vez se cuenta con una legislación completa para frenar y castigar el lavado de dinero, pero su aprobación y promulgación después de 2 años de presentada la iniciativa despierta cierta suspicacia, afirmó Gerardo Palomar, director de Programas de Derecho del Instituto Tecnológico de Monterrey.

Ya no hay puerta abierta para la delincuencia, porque esta ley se centra en el lavado de dinero, señaló el catedrático y aseguró que la legislación antilavado de dinero generará un mejor ambiente económico en el país en general. Tanto la inversión extranjera como la nacional se sentirán más seguras con este avance que obligará a la delincuencia a trasladarse a otros ámbitos geográficos, dijo.

Sin embargo, criticó, se tardaron demasiado en la fase de estudio de la iniciativa, dos años, y aún quedan avances por realizar a la ley que tiene dos vertientes.

Una, explicó, que toca estrictamente el ámbito financiero y obliga a los bancos y otros intermediarios a detectar e informar a las autoridades de cualquier operación anormal de sus clientes, algo que ya existía, pero que ahora puede llevar a una mayor coordinación interinstitucional e investigaciones más profundas, que eventualmente llegarán al ámbito penal.

La otra vertiente, precisó, trata de operaciones en bienes inmuebles, joyerías, automóviles, blindaje de vehículos, juegos con apuesta y el mercado de arte, donde los estados deberán ocuparse de prevenir las transacciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Pero, advirtió, sólo las legislaciones de 13 entidades, entre ellas la del Distrito Federal, tienen tipificado como delito el lavado de dinero. Esto es grave, advirtió, porque la ausencia de este ilícito en la legislación de 19 estados, implica que más de la mitad del territorio nacional quedará desprotegida y a merced del crimen organizado.

Gerardo Palomar recordó la migración de la delincuencia de un estado a otro, en lo que se ha denominado como el efecto cucaracha, en el terreno de la seguridad pública.

No obstante, apuntó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita constituye un avance muy importante, porque dota a las autoridades federales de una legislación completa para combatir el lavado de dinero, el cual ya no depende de dos artículos del Código Penal.

La ley se desarrolla en 67 artículos, estructurados en ocho capítulos e instituye que su aplicación es independiente y sin perjuicio de otros ordenamientos legales. Designa a la Secretaría de Hacienda como la autoridad competente para aplicarla en el ámbito administrativo.

Para conducir la investigación de los delitos del fuero federal que se identifiquen con motivo de la aplicación de la también llamada ley contra el lavado de dinero, en todos los casos será el Ministerio Público de la Federación la autoridad competente, indica.

Esta ley, aseguró el catedrático, constituye un avance importante aun cuando todavía hay que mejorarla, porque además hace corresponsables del delito a las notarías, corredurías públicas, bancos, joyerías y todos aquellos que realicen operaciones anormales en efectivo y no lo hagan saber a las autoridades.

Gerardo Palomar recordó lo redituable que resultó para el banco HSBC en México realizar presuntas operaciones de lavado de dinero por 7 mil millones de dólares con la subsidiaria en Estados Unidos de este banco inglés, y pagar 387 millones de pesos por las mil 885 multas que le fueron aplicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, así como de otras regulaciones realizadas entre 2007 y 2008.

Todas esas multas se dieron en el ámbito administrativo, representan la mayor sanción en la historia del sistema financiero mexicano y hasta ahora no se ha sabido de alguna investigación y mucho menos el inicio de un proceso penal sobre quienes presuntamente participaron en esos ilícitos.

El catedrático del Tecnológico de Monterrey subrayó que a dos años de enviada la iniciativa al Legislativo, despierta cierta suspicacia la tardanza que tuvo para su estudio y finalmente la rapidez con la que se aprobó y fue promulgada por un presidente al que le quedan seis semanas de mandato.