Buenos Aires, 16 de octubre. El gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció penalmente a cinco integrantes opositores del Consejo de la Magistratura y dos miembros de la Cámara Civil y Comercial de Buenos Aires por lo que consideró abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público ante su constante obstaculización a votar jueces en una lista de aspirantes que fue previamente discutida y examinada por todos los sectores.

La denuncia se hizo mediante la Procuración General de la Nación y está firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y la procuradora general del Tesoro -jefa del cuerpo de abogados del Estado- Angelina Abbona.

Están señalados los consejeros Óscar Aguad y Mario Cimadevilla, de la Unión Cívica Radical (UCR) y los abogados Alejandro Fargosi, Daniel Ostropolsky y el juez Ricardo Recondo, que impugnaron sorpresivamente y en tramo final el concurso que debía designar al magistrado encargado de fallar sobre la cláusula de desinversión de la ley de medios audiovisuales.

Sólo el grupo Clarín no ha presentado hasta ahora ningún proyecto de desinversión, en cumplimiento de la ley de medios y es el que ha utilizado una serie de medidas contra esta norma aprobada por el Congreso (2009) y ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

En medio de esta guerra que cotidianamente libra el Grupo Clarín -el mayor monopolio mediático del país- contra el artículo 161 que determina que ninguna empresa de medios podrá tener más de 24 licencias de canales de televisión, más de 10 radios y televisión de cable mediante un ardid jurídico logró que los jueces federales Martín Farrell y Recondo como presidente y vice del tribunal nombraran como juez subrogante (temporal) a Raúl Tettamanti.

Éste debió renunciar por varias irregularidades previas que se investigan y está estrechamente ligado al grupo Clarín.

Asimismo acaban de designar en el mismo lugar a Roberto Torti, evitando hacerlo por las vías constitucionales mediante la legal lista de magistrados.

Ayer el ministro de Justicia, Alfredo Alak anunció, que el Ejecutivo pediría a la Corte que resuelva las irregularidades en la designación de jueces, ya que esta situación constituye el bloqueo por parte de un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura para la designación de jueces.

La ley de medios audiovisuales de Argentina ha sido considerada como de las mejores para lograr la democratización de la información y para evitar los monopolios en un área tan sensible como son los medios, cuando algunos grupos se han transformado en poderosos emporios empresariales que luchan por la libertad de empresas y han transformado la noticia en un producto comercial para desinformar en defensa de otros intereses como ha denunciado aquí el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

En estos días el relator para la Organización de Naciones Unidas, Frank Le Rue sostuvo aquí que la ley de medios de Argentina es un modelo para otros países y una de las más avanzadas del continente.

Alak había adelantado que los funcionarios públicos tienen especial responsabilidad en el cumplimientos de las normas. No podemos dejar de hacerlo si observamos que hay una maniobra para bloquear la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura y si el responsable es Recondo.

Advirtió también que el gobierno hubiese preferido no tener que hacer estas presentaciones pero remarcó que a las instituciones hay que protegerlas .

Por otra parte, desde Brasil la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) decidió intervenir en el conflicto argentino, sin nombrar en sus conclusiones que aquí existe una ley de medios votada en el Congreso y por el máximo tribunal de justicia, que es la Corte Suprema. Prsenta el caso como un acoso al grupo Clarín, sin especificar que otros grupos ya han presentado sus fórmulas de desinversión.

Y además promete venir a Argentina el próximo 7 de diciembre a acompañar a Clarín y defener la libertad de expresión, ignorando que es el díaen que vence un plazo de la justicia, que ha esperado tres años para poder instalar plenamente la Ley que favorecerá a miles de medios, como las primeras emisoras de las comunidades indígenas que ya están funcionando en el país.)