l presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reconoció ayer que participó personalmente en la gestión de los contratos entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y astilleros gallegos para la construcción de hoteles flotantes. Como se ha informado en estas páginas en días recientes, tales operaciones podrían salvar de la quiebra a Navantia, de Ferrol, y a Barreras, de Vigo, las empresas beneficiadas con tales adjudicaciones. Desde mayo pasado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, correligionario de Rajoy, había anunciado una alianza estratégica en la cual la paraestatal mexicana desembolsaría cientos de millones de euros para fabricar 14 remolcadores y dos hoteles flotantes en astilleros gallegos, así como construir un puerto exterior en La Coruña. Asimismo, agradeció a Enrique Peña Nieto su aval a los contratos referidos, asentado en un comunicado del equipo de trabajo del priísta.

Con el telón de fondo de la creciente orientación empresarial y gerencial de los políticos en el mundo, quizá no resulte extraño que Rajoy y Feijóo dediquen parte de su tiempo a reanimar consorcios privados alicaídos, como es el caso de Navantia y Barreras, empresas que no habían operado en años. Al final de cuentas, tanto el gobernante nacional como el local son intermediarios de las inversiones extranjeras para generar empleos, tanto en España como en Galicia. De hecho, uno de los ejes en la campaña del segundo con miras a su relección ha sido haber logrado la contribución de la petrolera mexicana a la reactivación de la economía gallega.

Lo que resulta menos explicable es que políticos mexicanos decidan canalizar el dinero de Pemex –es decir, del país– a empresas extranjeras, en detrimento de firmas mexicanas capaces de realizar la tarea. Con ello se fomenta, sí, la creación de puestos de trabajo, pero en las costas cantábricas.

El hecho resulta particularmente exasperante si se considera que las autoridades federales de nuestro país participaron en la firma de tales contratos en forma subrepticia, y que la sociedad mexicana no se enteró del asunto sino hasta que éste se dio a conocer en España.

La realización de los floteles, por último, es indefendible si se toma en cuenta que durante muchos años las derechas mexicanas han propugnado la privatización –parcial o total– de la industria petrolera con el argumento de que Pemex carece de recursos para la renovación de su infraestructura y para emprender nuevas prospecciones y proyectos extractivos especiales, como los que se realizan en aguas profundas. Si esa carencia de recursos es cierta, no puede explicarse entonces que ahora la dirección de la paraestatal pretenda destinar cientos de millones de dólares a reactivar la economía gallega, apartándose, de paso, de sus tareas constitucionales y legales; éstas incluyen la exploración y explotación de los campos petroleros propiedad de la nación y el refinamiento y la comercialización de combustibles. No podrá encontrarse, sin embargo, disposición legal alguna que justifique la incursión de la paraestatal en el ramo de la hotelería.